La Administración de Donald Trump pidió este lunes al Tribunal Supremo que bloquee la orden de una corte inferior que ordena el regreso a Estados Unidos de un migrante salvadoreño enviado por error a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador pese a que contaba con una protección judicial contra su deportación.
El Gobierno estadounidense tiene de plazo hasta este lunes apara traer de regreso a Estados Unidos a Kilmer Armado Ábrego García, según había dictaminado la jueza Paula Xinis, en un tribunal de Maryland.
El diario The Washington Post apuntó que el Ejecutivo alega que no tiene competencia para ello porque Ábrego García está ahora bajo custodia de El Salvador.
El Gobierno estadounidense había apelado la decisión de la magistrada Xinis en el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito, pero esta corte declinó intervenir de inmediato, lo que propició que la Administración recurriera al Supremo.
El Ejecutivo señaló en su escrito que «la Constitución encarga al presidente, no a los tribunales federales de distrito, la conducción de la diplomacia exterior y la protección de la nación contra terroristas extranjeros, incluyendo su deportación».
Ábrego García, residente en el condado de Prince George en Maryland y casado con una estadounidense, fue puesto en la mira de las autoridades después de que en 2019 un informante asegurara que era miembro de la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha).
Aunque inicialmente se decretó que podía ser deportado, tras solicitar asilo un juez le concedió una suspensión de dicha orden, de acuerdo a la demanda.
Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le detuvo el pasado 12 de marzo argumentando que su estatus había cambiado y lo enviaron a un centro de detención en Texas.
Desde allí fue enviado en uno de los tres aviones que el 15 de marzo transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños a El Salvador, donde fueron confinados en el Cecot, la cárcel de máxima seguridad de ese país.
El Gobierno estadounidense admitió ante una corte que su envío a El Salvador fue un «error administrativo». EFE
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