Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Siendo testigos del desbarajuste y las jugarretas partidistas de las elecciones primarias hondureñas, uno no puede dejar de objetar el funcionamiento del sistema político que desde hace 43 años ha cercenado todo vínculo con los verdaderos problemas de la sociedad civil.
Contrario a los cálculos del partido en el poder, la polarización social, atizada con la precisión de un reloj suizo, ha estimulado el deseo vehemente en los electores de participar en las justas de noviembre e incitar, como siempre ha sido la aspiración popular, un verdadero cambio moral y mandar al carajo de una buena vez a los políticos demagogos.
Ese público debe darse cuenta de que los pleitos no se limitan al campo electoral ni a los partidos, sino que responden a un problema mayor; a un choque entre oligarquías de toda especie, desde las empresariales hasta las sindicales. En otras palabras, no solo las élites políticas y económicas se las juegan para quedarse con la mayor parte del pastel, sino también toda la riada de líderes gremiales –que no los gremios– seducidos por las mercedes que otorga el poder a quienes le sirven rastreramente.
Hasta el final del 2021, el bipartidismo había logrado cierta estabilidad en el sistema, apoyado sobre vigas inconsistentes que han terminado de resquebrajarse con la crisis provocada por el Gobierno actual. La desestabilización social, en cualquier caso, responde a una lucha encarnizada por un espacio en el ecosistema político y al desplazamiento de una élite económica que parece capitular frente a la estrategia prefabricada por el partido en el poder. Muy a pesar de la población, sin embargo, las deudas sociales siguen sin saldarse. La inquina, las trifulcas inducidas, las trampas cazabobos puestas a la oposición y las pendencias legalistas mantienen al país en la desdicha económica, alejado de los capitales extranjeros y con indicadores paupérrimos que en los días venideros reventarán en una crisis de impensables consecuencias.
Nadie se ha percatado del peligro que nos acecha, puesto que hasta en los debates televisados, en lugar de propiciar una profunda reflexión, se promueve un diálogo entre sordos ideologizados, creyendo sus moderadores que alientan la formación de opinión pública responsable. No existen armisticios cuando los bandos involucrados quieren todo para sí. Dicho eso, hay que prepararse para las batallas políticas venideras; es decir, contra viento y marea, las agendas del poder y de las élites deberán cumplirse a cabalidad.
La atmósfera de tensión generada en este momento exige de las organizaciones y gremios, que desde hace días perdieron los principios organizacionales y la esencia doctrinaria, asumir el carácter con el que fueron creadas. Las crisis perpetradas no pueden soslayarse y esperar a que se ventilen en las justas electorales, por obra providencial. En otras palabras, zambullirse en la política con espíritu patriótico no es un asunto meramente partidista. La política es un bien de todos y un recurso popularmente colectivo. Hay que ocuparse de los asuntos de la polis, de lo contrario, un tardío arrepentimiento se convertirá en una agónica letanía de viejas plañideras.
En “La quiebra de las democracias”, Juan J. Linz nos advierte sobre el peligro de caer en una situación de decisionismo político cuando los reproches ciudadanos se hagan efectivos; es decir, que en una crispación social insostenible, se recurra a la represión, a coartar las libertades y a una cagalera de decretos por miedo a perder el poder.