La Comisión Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional, que preside el diputado Rafael Sarmiento, retomó la discusión y análisis de proyectos de ley orientados a regular velocidades al conducir, seguro obligatorio y estado de excepción, entre otras iniciativas, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de la población.
Dentro de las cuatro iniciativas discutidas en la jornada destacan: la reforma al artículo 68 de la Ley de Tránsito, conocida como ley de velocidades, que se encuentra en segundo debate, a través de la cual se busca regular las velocidades en el país, ya que la legislación en esta materia solo establece algunas prohibiciones de ciertas velocidades, pero no de manera precisa los máximos de velocidad.
«El proyecto establece como velocidad máxima ochenta kilómetros por hora en ejes carreteros primarios, sesenta kilómetros por hora en anillos periféricos cuarenta kilómetros por hora en bulevares y treinta kilómetros por hora en zonas metropolitanas», detalló Sarmiento.
Además, normativa también señala que donde haya centros educativos y hospitales, la velocidad máxima sea de veinticinco kilómetros por hora y en calles residenciales a una mínima de veinte kilómetros por hora.
En este mismo tema, se abordó la reforma al artículo 48 de Ley de Tránsito, orientada a establecer requisitos más rigurosos para obtener licencia pesada de conducir, debido a la alta incidencia de accidentes donde participa vehículos de transporte de carga.
El congresista agregó que, «también discutimos sobre la Ley de Seguro Obligatorio, que fue presentado al Congreso Nacional para que todo el parque vehicular o las personas que conducen vehículos, pueden adquirir un seguro de daños a terceros, sus personas o sus bienes».
En tal sentido, refirió que se ha pedido la opinión a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Secretaría de Seguridad y Asociación de Aseguradoras del país, a fin de conocer si es viable el proyecto de ley.
Por otra parte, la Comisión de Seguridad y Prevención trabajó en la verificación del estado de excepción parcial para que, una vez se reanuden las sesiones del pleno, pueda iniciar la discusión para su aprobación.