La posición asumida por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de frenar a última hora el viaje a Nicaragua en calidad de asilado del expresidente panameño Ricardo Martinelli alegando, entre otros, que Panamá no ha respaldo a Managua en el órgano de integración regional SICA es calificado por analistas locales como un «chantaje».
Cuando el lunes todo estaba listo para que Martinelli (2009-2014), de 73 años y asilado en la embajada nicaragüense desde el 7 de febrero de 2024 para evitar ir a la cárcel por una sentencia a más de 10 años por blanqueo, viajara a Nicaragua, Murillo indicó que no lo recibirían mientras no se aclarara una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas aclararon no existe por improcedente.
La copresidenta nicaragüense leyó un comunicado de seis puntos, en el que Managua juzga al Gobierno del presidente José Raúl Mulino acusándolo de mantener una «conducta contradictoria» en el caso Martinelli, de «difamar» a la Administración de Nicaragua y también saca a relucir el tema del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Así, el Gobierno nicaragüense señaló al Ejecutivo de Mulino de «bloquear» en el SICA, «en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua» a asumir la secretaría del organismo, que está vacante desde que en noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026.
En su editorial de este martes, el diario La Prensa de Panamá expresa que el «régimen» nicaragüense «que no respeta los derechos humanos ni el Estado de derecho y cuyas autoridades carecen de legitimidad (…) aprovechando el asilo de Ricardo Martinelli (…) intenta abiertamente chantajear a Panamá con el SICA, buscando imponer figuras que no comparten los valores democráticos».
En mismo sentido se expresó el presidente del histórico Partido Panameñista y exalcalde de la Ciudad de Panamá José Isabel Blandón, quien dijo a la televisión local que pareciera que Nicaragua dice «yo le estoy haciendo un favor a Panamá aceptando a Martinelli acá, entonces favor con favor», en referencia a la situación del SICA.
«Me parecería equivocado que Panamá ceda ante este tipo de chantajes y reitero, lo correcto desde el punto de vista de la Justicia, es que el señor Martinelli cumpla su condena en Panamá», afirmó Blandón.
Así como el presidente del Partido Panameñista, muchos políticos y activistas panameños han rechazado que el Gobierno de Mulino, un correligionario de Martinelli, concediera el salvoconducto al expresidente al entender que ha sido condenado por un delito común, como es el blanqueo, a través de una sentencia ratificada en todas las instancias pertinentes, por lo que acusan que se está favoreciendo la impunidad.
Ante la posición de Nicaragua, la Cancillería de Panamá anunció la noche del lunes que el salvoconducto otorgado el 27 de marzo y que venció ayer, fue prorrogado «72 horas, hasta el final del día jueves 3 de abril» próximo, «tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado» del político.
El portavoz del expresidente y diputado por su partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, dijo este martes en declaración a la prensa en el exterior de la embajada que están «con buena vibra», ya que los Gobiernos panameño y nicaragüense «han expresado que su preocupación es la salud y la vida de Ricardo Martinelli».
«Así que estamos a buena vibra, nada más esperar los últimos detalles», afirmó.