El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reconoció «un error administrativo» en la deportación a El Salvador de Kilmar Armando Ábrego García, pero lo acusa de formar parte de la pandilla MS-13.
Según un documento judicial presentado el lunes, el salvadoreño vivía en Estados Unidos bajo estatus legal protegido hasta que fue trasladado a El Salvador junto con cientos de otros presuntos pandilleros el 15 de marzo.
En 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, se acusó a Ábrego García de ser pandillero, pero no fue condenado por ningún delito y un juez prohibió que fuera deportado porque corre peligro en su país de origen.
«Fue un error administrativo», reconoció el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.
Pero «este individuo que fue deportado a El Salvador y no regresará a nuestro país era miembro de la brutal y viciosa pandilla MS-13», dijo. Lo calificó incluso de «cabecilla».
Además «tenemos (información de) inteligencia creíble que demuestra que este individuo estaba involucrado en el tráfico de personas», añadió.
El portavoz recordó que Trump declaró por decreto la MS-13 como organización terrorista global.
¿Fue condenado por un tribunal? le preguntó un periodista.
«Hay un montón de pruebas en el Departamento de Seguridad Interior» y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) «tiene esas pruebas», contestó Leavitt, quien asegura haberlas visto.
El vicepresidente JD Vance echó más leña al fuego en las redes sociales.
«Los medios de comunicación han determinado que las verdaderas víctimas son los pandilleros que estamos intentando sacar del país», afirmó.
La esposa del salvadoreño, la estadounidense Jennifer Vásquez Sura, que según la prensa identificó a su marido por una foto entre los detenidos trasladados a la megacárcel salvadoreña Cecot, y su hijo, un niño con «discapacidad», según documentos judiciales, demandaron al gobierno.
Denuncian que el salvadoreño fue expulsado «sabiendo que sería encarcelado y torturado de inmediato» y piden una «inmediata reparación judicial», se lee en la demanda.
Grupos de defensa de los derechos humanos, la oposición demócrata e incluso algunos republicanos acusan al gobierno de haber enviado a migrantes en situación irregular a El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798, hasta entonces solo aplicada en tiempos de guerra, o basados en elementos triviales como los tatuajes.
Los abogados de varios de los más de 200 venezolanos deportados a El Salvador el 15 de marzo aseguran que sus clientes no son miembros de la pandilla Tren de Aragua. AFP