Nicaragua anunció que no recibirá al expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado desde febrero del 2024 en su embajada en Panamá para eludir una condena de lavado de dinero, mientras el gobierno de ese país no aclara si pidió alerta roja de Interpol.
«Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos (…) aceptar lo que consideramos una emboscada», dijo la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, al leer un comunicado difundido en medios nicaragüenses y panameños, a pocas horas de que expire el salvoconducto con el que debe viajar Martinelli.
Murillo calificó como una posible «trampa» de las autoridades panameñas al haber otorgado a Martinelli el salvoconducto para que viaje a Nicaragua y «casi inmediatamente han emitido una solicitud de alerta roja por acciones criminales a Interpol».
La crisis diplomática surgió el domingo luego de que el jefe de la Policía de Panamá, Jaime Fernández, dijo a la prensa que el viernes recibió «una alerta de Interpol» contra Martinelli, pero horas después la institución aclaró que se trataba de una solicitud «en proceso» hecha por la jueza que condenó a Martinelli.
En medio de la polémica, la cancillería de Panamá aseguró que «ninguna alerta roja de Interpol puede impedir el viaje» del expresidente por su condición de asilado, y en la noche la Policía dijo haber rechazado la solicitud de la jueza por la misma razón.
«Esta conducta contradictoria pareciera una trampa legal que pretende complicidades y deslealtades ajenas al comportamiento político coherente con las convenciones internacionales», agregó Murillo, quien de paso reclamó al gobierno panameño de José Raúl Mulino «declaraciones ofensivas» y bloqueando un puesto de Nicaragua en un organismo de integración centroamericana.
Martinelli, un magnate de 73 años que gobernó Panamá del 2009 a 2014, se refugió en la embajada nicaragüense el 7 de febrero del 2024, poco antes de que un tribunal local emitiera una orden de captura para que cumpliera la condena de casi 11 años de cárcel. AFP