Rodolfo Dumas Castillo
La prosperidad de un país no proviene de restricciones gubernamentales a la iniciativa privada, sino de un entorno donde las personas y empresas puedan generar valor bajo reglas claras y justas, con un Estado que garantice estabilidad sin sofocar la inversión. Las sociedades con mayores niveles de bienestar han entendido que la libertad económica no solo impulsa la producción y el empleo, sino que también fortalece la educación, la salud y la movilidad social. Sin embargo, cuando los gobiernos erosionan esta libertad con regulaciones excesivas, inseguridad jurídica o intervencionismo desmedido, los efectos se traducen en menor inversión, menos oportunidades laborales y un estancamiento generalizado.
Defender la libertad económica no implica abogar por la eliminación del Estado. Los liberales del siglo XIX reconocían la necesidad de un Estado enfocado en bienes esenciales. Algunos, incluso, lo reducían a tres funciones: educar, medicar y encarcelar. También comprendían los límites del Estado como actor económico. En Honduras, en cambio, hemos visto cómo distintos gobiernos han promovido la expansión de un aparato estatal ineficiente que compite con la empresa privada en lugar de facilitar su desarrollo.
Ahora surgen propuestas como la de “un modelo económico alternativo enfocado en fortalecer el rol del Estado en áreas estratégicas y en la provisión de servicios públicos esenciales”, sin definir qué sectores, bajo qué criterios ni cómo garantizarán eficiencia y transparencia en su gestión. Lo único claro es el aumento de impuestos, sin una estrategia precisa para reducir la burocracia, optimizar el gasto o garantizar transparencia en su uso.
Con una economía informal dominante, subir impuestos solo castiga a quienes ya contribuyen, sin resolver el problema estructural. En lugar de ampliar la base de contribuyentes mediante la formalización de negocios y una acelerada simplificación de trámites, la respuesta ha sido aumentar impuestos y mantener una estructura burocrática desmedida e ineficiente.
También se habla de promover “la redistribución y legalización de tierras” y “acceso equitativo” a estas. Sin embargo, poco o nada se ha hecho para combatir la invasión de tierras en todo el país, lo que genera incertidumbre y desalienta la inversión en sectores clave como la agroindustria, el turismo y la construcción. Cuando no se respeta la propiedad privada, cualquier incentivo para invertir y generar empleo resulta insuficiente, ahuyentando capital, reduciendo oportunidades y debilitando la confianza en el futuro económico del país. Además, esta incertidumbre limita el acceso a financiamiento, ya que, sin seguridad jurídica sobre la propiedad, los bancos no otorgan créditos, afectando el desarrollo productivo.
El desarrollo económico sostenible no es una aspiración, sino una necesidad urgente. Para ello, es clave fortalecer la libertad económica y generar confianza para la inversión. Esto implica garantizar la seguridad jurídica, estableciendo un sistema judicial eficiente que proteja la propiedad privada y sancione eficazmente la invasión de tierras. También es fundamental una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes mediante la formalización del empleo y la simplificación y reducción de trámites. Además, el gasto público debe enfocarse en inversión en infraestructura, reduciendo la burocracia, y mejorando la transparencia y rendición de cuentas.
A pesar de los obstáculos, es el sector privado el que sigue sosteniendo la economía hondureña. Empresas de todos los tamaños generan empleo, pagan impuestos y crean oportunidades que el Estado, por sí solo, no puede garantizar. Sin embargo, en lugar de facilitar su crecimiento, el enfoque gubernamental parece estar dirigido a concentrar más poder en manos del Estado, rezagándonos frente a otras naciones que han comprendido que el crecimiento económico surge de la libertad y la competencia, no de la expansión del Estado.
Sin libertad económica, no hay progreso. Pero, como el aire, solo nos damos cuenta de su importancia cuando empieza a faltar. La historia demuestra que los países que priorizan la libertad económica prosperan; los que la restringen, se estancan. Honduras aún está a tiempo de elegir el camino correcto. Apostar por la libertad económica no es una opción ideológica, sino una necesidad para construir un futuro próspero y sostenible.
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