Marcio Enrique Sierra Mejía
El Partido Libre aprovecha los aparatos estatales y a grupos familiares, como instrumentos apropiados para obtener ingresos que les beneficien sus intereses políticos y económicos, sean personales o partidaristas, importándoles poco salir del atraso y menos lograr el desarrollo nacional. Han establecido una dinámica gubernativa vertical clientelar corrupta que, sistemáticamente explotan para servir a costa del ingreso público, el fin político de perpetuarse en el poder. Es en este sentido, han establecido una red de funcionarios con o sin méritos profesionales, en posiciones gubernativas claves desde las cuales, sustraen fondos públicos. Por ejemplo, los programas sociales, las contrataciones de proyectos de infraestructura amañados, viáticos y otras modalidades que son instrumentalizadas con fines proselitistas electorales o de enriquecimiento individual ilícito. Desvían los impuestos que paga el ciudadano, hacia mallas de amigos o cuentas privadas para consolidar su poder político.
Al día de hoy, los socialistas controlan el aparato judicial y desarrollan la impunidad, ante acciones de corrupción que ejecutan ciudadanos importantes de este partido. Han logrado que el sistema judicial haya perdido su independencia judicial y manipulan los procesos legales para proteger a sus aliados (el hermano del coordinador del Partido Libre) o perseguir a opositores políticos (candidato presidencial del Partido Alianza Patriótica). Todo el sistema judicial ha sido subordinado políticamente y, desde el ministerio público hasta las comisiones de la Corte Suprema de Justicia, actúan siguiendo directrices del Poder Ejecutivo o del coordinador del Partido Libre. Todas las instituciones públicas son manipuladas políticamente para favorecer al Partido Libre y a un conjunto de familias afines al castromelismo, tales como la Policía, las FF.AA., el Ministerio Público, el Ministerio de Finanzas y, ahora también, quieren tener bajo su control, al Tribunal Supremo Electoral, para patrocinar sus intereses electorales. Están aprovechando los aparatos del Estado como plataformas de propaganda oficial, al extremo de disfrutar los vehículos del Estado para uso político en tareas del Partido Libre. De tal suerte, que han caído en la ineficiencia y el deterioro de los servicios públicos, causando la desprofesionalización del Estado y afectando la calidad de los servicios en salud, educación y seguridad. Al sustentar el Estado botín, los refundacionales, denominados por la ciudanía en general como “narcos socialistas”, generan desconfianza ciudadana. Se ha generalizado la percepción de que el Estado botín está en función de los intereses de “familiones corruptos” respaldados políticamente por la dirigencia del Partido Libre. Lo que aumenta el cinismo político y la apatía ciudadana (abstencionismo electoral). La corrupción y la mala gestión de recursos afectan o limitan la inversión en políticas públicas efectivas, perpetuando la desigualdad. Asimismo, obstaculizan y frenan la inversión extranjera y el crecimiento económico.
No es perpetuar el Estado botín lo que necesitamos, es fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la independencia judicial castigando la corrupción y la injerencia política manipuladora del Partido Libre. La administración pública requiere una profesionalización que asegure la transparencia y evite el clientelismo, el nepotismo y la corrupción solapada. También es una condición inaplazable la participación ciudadana activa en procesos de fiscalización social y transparencia en la gestión pública. Los refundacionales castromelistas han perdido el rumbo y la promesa de instaurar el socialismo democrático la tiraron a la basura.