Washington (EFE). El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso su intención de desmantelar antes del 1 de julio de 2025 la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y trasladar algunas de sus funciones a esta unidad.
«La ayuda exterior bien hecha puede promover nuestros intereses nacionales, proteger nuestras fronteras y fortalecer nuestras asociaciones con aliados clave. Por desgracia, Usaid se desvió de su misión original hace mucho tiempo», señaló el viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Según Rubio, el Gobierno está tratando de «reorientar» sus programas de ayuda exterior para «alinearlos con lo que es mejor para Estados Unidos», manteniendo «planes esenciales que salvan vidas y realizando inversiones estratégicas que fortalecen a nuestros socios ya nuestro propio país».
En la notificación enviada al Congreso y obtenida por CNN, se aclara que los programas de Usaid que seguirán funcionando bajo el ala del Departamento de Estado son aquellos que implican «asistencia humanitaria, funciones sanitarias globales, inversión estratégica y programas limitados de seguridad nacional».
Los medios estadounidenses anticipan que el cierre de una agencia creada por el Congreso sin que intermedien los poderes legislativos deriven en acciones legales.
El pasado 10 de marzo Marco Rubio señaló que el Ejecutivo había cancelado oficialmente el 83% de los programas de Usaid e indicó que el Gobierno estaba en consultas con el Congreso para que el resto, unos 1,000 contratos, fueran transferidos al Departamento de Estado.
Justo ayer, un tribunal federal de apelaciones anuló la orden de un juez federal que pidió el pasado 18 de marzo de forma preliminar cesar los esfuerzos para continuar el desmantelamiento de la agencia.
En un mensaje recogido por CNN y enviado a los empleados, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) -dirigido por el magnate multimillonario Elon Musk- notifica que se eliminarán «sustancialmente todos los puestos no estatutarios de Usaid».
Trump firmó, apenas asumió el cargo, el 20 de enero, una orden ejecutiva congelando por 90 días la ayuda exterior estadounidense.
La mayoría del personal de la USAID ya ha sido puesto en licencia administrativa.
La congelación de esta ayuda provocó conmoción y agitación dentro de la agencia independiente creada por una ley del Congreso de Estados Unidos en 1961.