Oscar Lanza Rosales
Todos los hondureños hemos sido testigos de las grandes irregularidades en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, entre ellas el retraso de hasta 12 horas en la llegada del material electoral a los centros de votación, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Este hecho ha desatado un conflicto entre las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que ninguna de las instituciones quiere asumir la responsabilidad de este desastre electoral, ampliamente criticado por la ciudadanía.
Las FF.AA. tienen la responsabilidad constitucional de la custodia y traslado del material electoral, y su desempeño dejó mucho que desear ese día. Por su parte, el CNE es responsable de la planificación y organización del proceso, el cual, según algunos expertos como Augusto Aguilar, también presentó serias deficiencias.
Las tensiones entre ambas instituciones se intensificaron cuando la presidenta del CNE, Cossette López, denunció una presunta intervención de las FF.AA. en la modificación de los informes sobre las elecciones primarias. Según López, altos mandos militares se habrían reunido con un expresidente y una candidata presidencial para alterar los reportes originales, eximiendo a los militares de responsabilidad y culpando al CNE por las irregularidades.
En respuesta a estas acusaciones, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, convocó a una sesión extraordinaria del pleno del CNE el 21 de marzo en el Hotel Juan Carlos. A la reunión llegó con cuatro camiones militares, cinco camionetas blindadas, motocicletas con soldados armados y un pelotón de militares. Sin embargo, la sesión fue interrumpida porque el pleno del CNE no estaba completo. La consejera López, quien llegó puntualmente, se encontró con el general Hernández, quien, según su versión, le alzó la voz de manera agresiva.
“Me gritó que me quedara claro que yo no era su superiora”, relató López, quien suspendió la reunión porque no se sintió segura ante la actitud del general y la presencia de militares armados en el salón sin su consentimiento.
Tras el incidente, Hernández negó rotundamente haber agredido a López y afirmó que ambos deben respetarse como representantes de instituciones del Estado. También solicitó una aclaración sobre un mensaje que López publicó en la red social «X» el 19 de marzo, en el que afirmaba que las FF.AA. habían alterado los informes para evadir responsabilidades, por la demora en la entrega de las urnas. Hernández consideró que estas acusaciones dañaban la imagen de las Fuerzas Armadas y exigió que se retractara.
En su intervención, el general reiteró el compromiso de las FF.AA. de garantizar unas elecciones generales limpias, transparentes y confiables el próximo 30 de noviembre, asegurando que trabajarán conforme a lo establecido en la Constitución de la República.
Ante este conflicto, diversas organizaciones se han pronunciado. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), el Comité de Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y el padre Melo (Ismael Moreno) de Radio Progreso han expresado su preocupación.
El padre Melo hizo un llamado a los líderes de los principales partidos políticos -Liberal, Nacional y Libertad y Refundación -para que busquen una solución política y legal consensuada ante la crisis electoral. Advirtió que el país enfrenta una crisis institucional severa y que los resultados de las elecciones primarias han generado confrontaciones y fisuras preocupantes.
Asimismo, lamentó que el Ministerio Público no haya actuado conforme a la ley para investigar las irregularidades electorales, especialmente el retraso en la entrega de las maletas electorales.
Por su parte, el presidente del CODEH, Hugo Maldonado, repudió el caos político generado y llamó a la ciudadanía a mantener la paz y defender la estabilidad del país. “Hermanos hondureños, este es nuestro país y no queremos perderlo”, enfatizó.
Amigos lectores, el conflicto entre el CNE y las Fuerzas Armadas representa un serio desafío para la estabilidad democrática de Honduras. La falta de confianza en el proceso electoral podría afectar la participación ciudadana y la legitimidad de los resultados. La salida a esta crisis requiere transparencia, diálogo y respeto a la institucionalidad.
La ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la democracia. Es imperativo exigir procesos electorales justos, libres de manipulación y con mecanismos claros de rendición de cuentas. Solo así se garantizará que las próximas elecciones reflejen genuinamente la voluntad popular y no se conviertan en un nuevo capítulo de crisis institucional.