Por: Jorge Raffo, Embajador del Perú para África y Medio Oriente
En los años treinta del siglo pasado aconteció un asunto que comprometió internacionalmente a Honduras y Perú como actores principales y a Estados Unidos, Francia y España como actores secundarios.
Rubén Barrientos fue reconocido como cónsul del Perú en Tegucigalpa desde el 22 de febrero de 1917 cuando el entonces canciller hondureño Mariano Vásquez recibió las Letras Patentes el 3 de enero de ese año y concedió el Execuátur (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Caja 689, File 2, doc.13,1917). El consulado había sido reabierto después de dos años de cierre debido a la Primera Guerra Mundial y a la muerte por enfermedad del cónsul honorario Fritzgard (MRE, Caja 693, File 43, doc.3,1917). En la ceremonia de reinauguración de las nuevas oficinas peruanas, el canciller Vásquez señaló “que abrigamos el propósito de desarrollar relaciones comerciales de mutuo provecho para ambos países”. Barrientos asumió funciones consulares oficialmente el 1° de marzo de 1917 (MRE, Caja 693, File 43, doc.2,1917) y un año después informaba a Lima “se nota el intenso deseo [de Honduras] de relacionarse estrechamente con el Perú, [lo deduzco] debido a mis pláticas con personas del Gobierno, comerciantes y banqueros” (MRE, Caja 712, File 31, of.9, doc.11,1918).
En 1935 Barrientos continuaba de cónsul y le tocó resolver una situación que pudo comprometer la reputación internacional de varios países. El 12 de febrero, cerca de cumplir dieciocho años de servicios en Honduras, informó acerca de la muerte de Joaquín Hidalgo Fernández, contador peruano de la Standard Fruit and Steamship Company dedicada a la producción y exportación de banano. El 16 recibe respuesta de la cancillería peruana donde le instruyen que indague acerca del asesinato de Hidalgo, hombre de fortuna (MRE, Caja 8-29-A, doc.2,1935)
El cuerpo del desafortunado profesional fue hallado en Descombros en el municipio de Jutiapa. Las indagaciones iniciales -solicitadas por Barrientos y apoyadas por la Standard Fruit- determinaron que Hidalgo había ahorrado la importante suma de $30 mil dólares y que los retiró en enero de ese año con la intención de viajar al Perú de manera temporal. Temeroso del viaje por mar, pero seguro de que pronto regresaría a su puesto en la bananera hizo testamento en favor de Francisco Mazine, otro peruano empleado de la misma empresa. Hidalgo fue visto con vida por última vez el miércoles 16 de enero y, ya muerto, solo se le encuentran $180 dólares y unas pocas monedas de oro estadounidenses. La fortuna había desaparecido.
Barrientos se traslada a La Ceiba para conversar con el Juez de Letras Salvador Cardona para encontrar a los responsables del crimen. Por su parte, la Standard Fruit dio aviso al consulado estadounidense en Tegucigalpa. Se sospecha del español Miguel Martín y Martín que era deudor de Hidalgo porque le debía mil lempiras, de la criada Luisa Lanza y de Manuel Dubois, también deudor de Hidalgo y pariente político de Martín y Martín. El juez Cardona ordenó su captura, pero los tres fugan en direcciones distintas hacia El Salvador, Guatemala y Cuba.
El 25 de junio de 1935 Barrientos informaba a Lima que se está a la espera de las capturas y que el juez estaba aguardando una copia del testamento de Hidalgo para determinar a quién entregar sus bienes y su dinero, en caso de recuperar algo. Siete meses después el primero en caer fue Dubois. Se trató una captura accidental generada por una deuda impaga a un garito local en la costa atlántica. Dubois, detenido por los gendarmes, pidió la intervención del cónsul francés; éste, que conocía del crimen contra Hidalgo, alertó a su colega peruano quien avisó a las autoridades. No tardó mucho Dubois en entregar a sus cómplices. La señora Lanza fue capturada en una pequeña propiedad limítrofe con El Salvador. Estando tan cerca de la frontera, la policía no se explica por qué no se ocultó del otro lado donde su arresto se hubiera complicado por trámites binacionales. El presunto asesino, Martín y Martín, fue detenido en la aduana cuando pretendía abordar un buque a Cuba. No siendo un hombre temerario, su excesiva cautela y la demora en los papeles de su falsa identidad marcaron su destino. Interrogado por la policía manifestó que la ira había nublado su entendimiento porque Hidalgo le exigía el pago de lo adeudado y solo se dio cuenta que lo había apuñalado cuando fue demasiado tarde. Barrientos cerró el caso informando a Lima y a la familia de la víctima que los tres habían sido condenados como autores materiales del crimen con penas que iban de 10 a 25 años de prisión. Habiéndose respetado los derechos procesales de los inculpados, los cónsules de EE.UU., España y Francia no vieron necesario interferir con la justicia porque ningún derecho fue conculcado.
Los reportes consulares no señalan qué pasó con el dinero, pero sí destacan la cooperación policial-judicial-consular latinoamericana.