Por: Rodolfo Dumas Castillo
Honduras tendrá elecciones generales en noviembre. No importa cuántas bravuconadas militares ocurran, cuántos atentados contra la libertad de expresión se promuevan, cuántas maniobras sigilosas intenten entorpecerlo, ni cuántos obstáculos intenten imponerse al proceso democrático; nadie podrá impedirlas. La democracia no se negocia ni se impone desde los cuarteles o los despachos de poder; se ejerce en las urnas y se defiende con convicción. No se doblega ante amenazas ni se somete al miedo, sino que se fortalece con la participación de un pueblo que no se dejará arrebatar ese derecho.
Nuestra Constitución manda que, durante los procesos electorales, las Fuerzas Armadas se encuentran a disposición del CNE, con la función específica de garantizar la seguridad del proceso y la custodia del material electoral (en lo que fracasaron rotundamente el 9 de marzo). Este mandato es de carácter instrumental y no implica una injerencia en las decisiones del órgano electoral, sino una subordinación temporal en aras de la democracia.
La reciente irrupción del jefe de las Fuerzas Armadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y su amenaza contra la presidenta de la institución no son hechos aislados. Forman parte de un patrón de presiones que buscan debilitar la confianza en el proceso electoral y amedrentar a quienes lo dirigen. Convertirse en actores políticos es una violación directa de su rol constitucional. No tienen atribuciones para cuestionar decisiones de la autoridad electoral y, mucho menos, para condicionar el debate público con exigencias ilegítimas e irracionales. En lugar de asumir su rol con disciplina institucional, su máximo representante optó por intervenir en el escenario político con intimidaciones y furiosas exigencias impropias de una institución que debe ser garante de estabilidad.
Este episodio ocurre poco después de que las mismas Fuerzas Armadas, por medio del Ministerio Público, intentaran obligar a periodistas y medios de comunicación a revelar sus fuentes. Esta tentativa de censura, que fue rechazada contundentemente, además de contravenir principios fundamentales del ejercicio periodístico, evidenció un clima institucional adverso a la libre circulación de ideas. Ahora, con la amenaza de una denuncia contra la titular del CNE por expresar su opinión en redes sociales, se refuerza la percepción de que ciertos actores buscan condicionar el debate público a su conveniencia.
Primero fueron los medios, ahora el árbitro electoral; pero esa estrategia está condenada al fracaso. El comportamiento hostil y colérico exhibido por el general ese día daña mucho más la imagen de la institución armada que cualquier publicación en redes sociales, pero el riesgo de estas acciones no se limita al ámbito electoral inmediato. La normalización de presiones oficiales sobre expresiones legítimas crea un efecto inhibidor que socava la deliberación democrática (que es un discurso especialmente protegido).
Cuando los altos mandos de una institución armada consideran que una publicación en redes sociales constituye una amenaza a su honor institucional, y reaccionan con admoniciones legales en lugar de responder con argumentos o acciones correctivas, se abre un precedente peligroso. Pero no es casualidad que estos intentos de censura y presión ocurran en la antesala de un proceso electoral. No es defensa institucional, es un ataque deliberado contra la autoridad electoral y la democracia.
El episodio en cuestión se produce en un momento crítico para Honduras, donde la desconfianza en las instituciones es alta y la polarización política profundiza las fracturas sociales. La integridad del proceso electoral no solo depende de la legalidad de los procedimientos, sino también del respeto a los principios democráticos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión. Cualquier intento de coartar el debate público, provenga de una entidad civil o militar, erosiona la confianza en el sistema y mina la credibilidad de quienes deben garantizar su correcto funcionamiento.
La respuesta al autoritarismo debe ser contundente: participación masiva, denuncia constante y una vigilancia férrea del proceso electoral. Quienes buscan socavar la democracia temen una ciudadanía vigilante y un proceso electoral bajo el escrutinio de observadores imparciales. Por eso intentan confundir, intimidar y desacreditar. Pero los hondureños acudiremos masivamente a las urnas y garantizaremos que se respete la voluntad popular. Las elecciones no pertenecen a ninguna institución, partido o sector de poder; son del pueblo, y será el pueblo quien decidirá su destino.
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