Carolina Alduvín
Se ha establecido que en el boicot contra las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, el principal responsable es el que, a la cabeza de la institución castrense viola abiertamente la Carta Magna, al incumplir el mandato expreso de su Art. 272 y que su cómplice fue el lacayo de la candidata oficialista, integrante del órgano especial, autónomo e independiente, sin subordinación a los Poderes del Estado, creado en la Constitución de la República, con competencia exclusiva para efectuar los actos y procedimientos administrativos y técnicos de las elecciones internas, primarias, generales, plebiscito y referéndum o consultas ciudadanas. Se cometieron, no sólo delitos electorales, de esos que el Fiscal General prometió perseguir y, ahora no vemos resultados. Mientras que algunos diputados evalúan interpelación o juicio político…
Los parciales del partido de gobierno claman que todo fue responsabilidad del CNE, que tiene como finalidad garantizar el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos de elegir y ser electos, en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igualitario y por voto directo y secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Para lo cual, debe administrar los procesos electorales. Legalmente, el CNE es responsable de lo sucedido y, como hemos tenido indicios, uno de sus consejeros contribuyó al caos. La consejera presidente, visiblemente molesta y sorprendida empeñó sus capacidades en solucionar junto con el personal civil, la infamia urdida contra los derechos humanos de los votantes, mientras el consejero vocal seguía entorpeciendo sus esfuerzos.
Al final, el proceso primario fue salvado por la decidida resistencia ciudadana de los votantes, quienes se mantuvieron firmes en sus centros de votación, o volvieron cuantas veces fue necesario, pese a los inconvenientes, las incomodidades, tener edad avanzada o que vigilar niños pequeños. La mayoría simpatizantes de los partidos tradicionales, quienes persistieron en su afán de votar por el precandidato de sus preferencias, sin mayor interés que su vocación democrática; los del partido de gobierno –-a decir de los numerosos observadores, eran los menos en todas partes– permanecieron obligados bajo amenaza de despido, de no presentar evidencia de haber acudido a las urnas o, fueron estimulados con una compensación a cuenta del erario público. Gran cantidad de ellos anuló las papeletas con mensajes de repudio.
Lo que resultó muy chocante fue que, pese a las enormes diferencias entre los consejeros, de alguna manera se pusieron de acuerdo para minimizar el caos y la serie de delitos electorales implícitos en el deliberado retraso al repartir las maletas electorales a los centros de votación de las dos principales ciudades que, si bien representan un pequeño porcentaje en el número de municipios, contienen la mayor densidad electoral de todo el territorio nacional y amargaron la jornada a cientos de miles de compatriotas. Tampoco pudieron atajar, pese a las denuncias previas, las urnas ya llenas con votos a favor del oficialismo; lo que queda en evidencia mediante numerosas actas en las que el número de votantes es apenas una fracción de los votos reportados y hasta se capturó a alguien en poder de una urna llena de votos para los liebres.
Las evidencias de fraude en primarias y las intenciones de fraude son patentes, son muchas las que debe el familión y pretenden quedarse a cualquier precio, ya corrompieron visiblemente al JEMC al grado que hoy es la burla de todo hondureño pensante, el botín de los caricaturistas, la vergüenza para la institución armada y una definitiva amenaza a nuestra seguridad nacional; si alguien tuviera intenciones de invadirnos, bien podría sentirse estimulado ante la cobardía manifiesta al no reconocer sus faltas. Si no se marca un ejemplar escarmiento a tan deshonrosa conducta, la impunidad tan sólo va a envalentonar a este individuo y a quienes lo han comprado a dar la estocada final a nuestra incipiente democracia, consumando el fraude en las generales.
El CNE debe impedirlo, demostrada está ya la voluntad de la ciudadanía y es el único apoyo con el que cuenta la consejera presidente. La consejera secretaria no representó a los precandidatos de su partido, no representa a sus votantes y nada indica que representará al candidato que está por declararse, esa persona debe ser sustituida por alguien que no deba favor alguno a quienes mangonean a ese instituto político. Y del consejero vocal, de ahí puede venir cualquier bajeza.