La Supervisión General del Poder Judicial por medio de su titular la togada Sandra Rodríguez se presentó ante el Ministerio Público con 21 expedientes para su investigación.
Lo anterior, tras el proceso de supervisión realizado en el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, ordenado por la magistrada presidenta de este Poder del Estado, Rebeca Lizette Ráquel Obando.
“Dentro de las irregularidades que estamos denunciando como sustracción de documentos, falsificación de documentos que ha facilitado que pueda favorecerse a partes involucradas”, explicó la supervisora General Sandra Rodríguez.
Esta acción se enmarca en la continuación de la inspección general con el objetivo de verificar la carga laboral y la tramitación de causas en este juzgado. La inspección, que se reanudó el 20 de febrero pasado, fue realizada por un equipo conformado por seis inspectores e inspectoras de Juzgados y Tribunales.
Específicamente, los hallazgos que motivaron esta investigación surgieron a raíz de denuncias presentadas por la nueva coordinadora del Juzgado de Letras de Familia, abogada Deris Padilla, en las que se alertaba sobre la aparente sustracción de documentos en más de 21 expedientes.
Los casos afectados incluyen demandas por divorcios contenciosos, suspensión de patria potestad y demandas de alimentos, entre otros.
Dada la gravedad de los hechos, se presume la posible comisión de ilícitos tanto por parte de servidores judiciales como de abogados privados involucrados en los procesos tramitados en este juzgado.
“Se trae uno de los expedientes ya finalizados para que se puedan investigar a jueces y personal auxiliar que labora en los despachos de familia, el cual tiene hasta este momento 10 despachos activos”, indicó.
Siguió que “el período de tiempo de estas causas oscila entre 2024 y enero del 2025, es penoso venir a la Fiscalía del Ministerio Público para poder solicitar que se investigue el actuar de jueces y servidores judiciales, pero este poder judicial está comprometido que haya una verdadera justicia, nos vemos en la obligación en remitir contra personal jurisdiccional que incluye jueces y juezas, receptores y escribientes; ya existe una directriz sin temor ni favor dada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia”.
“Continúan las investigaciones en las causas y esperamos del Ministerio Público trabajar de manera coordinada como lo hemos hecho”, agregó.
La Supervisión General concluyó la investigación interna de uno de estos expedientes, con el fin de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente. Los demás expedientes identificados serán parte de la investigación de la Fiscalía y de las instancias internas del Poder Judicial.
Asimismo, el Ministerio Público contará con su equipo de peritos especializados para determinar responsabilidades y frenar cualquier acción que atente contra el acceso efectivo a la justicia.
Rodríguez entregó a la Fiscalía especial de enjuiciamiento alrededor de tres tomos con más de 1,500 folios por parte de los agentes de tribunales para determinar la investigación y análisis a seguir por parte del ente fiscal. (XM)