Oscar Lanza Rosales
El pasado domingo, los hondureños soñábamos con participar en una verdadera fiesta cívica para elegir a los mejores precandidatos de los tres partidos mayoritarios (Liberal, Nacional y Libre), quienes nos representarán en las elecciones generales de noviembre.
En las primeras horas de ese domingo, todo era alegría y entusiasmo, especialmente cuando, en cadena nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la apertura de las urnas a nivel nacional. Sin embargo, las denuncias de irregularidades no tardaron en aparecer. Desde Santa Bárbara se reportó que el material electoral enviado correspondía a la ciudad de Gracias, lo que fue solo una premonición de problemas mayores. Pronto, en varios puntos del país, principalmente en el Valle de Sula y la capital, comenzaron a reportarse retrasos en la apertura de los centros de votación, falta de urnas, boletas y otros materiales electorales.
En la escuela donde ejercí mi derecho al voto, la jornada inició con un retraso de 4 horas. Muchos ciudadanos llegaron desde las 7 a.m., pero, tras esperar una, dos o tres horas sin disponer de las urnas, optaron por retirarse y no regresaron.
Los medios de comunicación comenzaron a investigar la razón de estas irregularidades y descubrieron que el CNE contrató, a partir de las 2 p.m. del día previo a las elecciones, 10 camiones para el traslado del material electoral, pero lo que recibieron fueron 90 buses urbanos. Estos vehículos partieron del centro de acopio del INFOP el mismo día de las elecciones sin la custodia de los militares ni del CNE y, por instrucciones de alguien, permanecieron parados en distintos puntos de la ciudad durante horas.
Según un monitoreo independiente de la Red por la Defensa de la Democracia, al mediodía un 40% de las Mesas Electorales en el Distrito Central y un 25% en San Pedro Sula (SPS) aún no estaban abiertas. La presidenta del CNE, Cosette López, en una comparecencia pública, aseguró que el retraso en la entrega del material electoral fue deliberado y dejó entrever que las Fuerzas Armadas (FF.AA.), encargadas de la distribución, tenían responsabilidad en el hecho. Recordó que las FF.AA. están al servicio del CNE y que obstaculizar el proceso electoral constituye un delito.
López afirmó que hasta las 5 a.m. del domingo, todo avanzaba según el cronograma, pero los problemas surgieron a partir de las 7 a.m., cuando el traslado del material a los centros de votación se volvió caótico. Puso como ejemplo que el material enviado a la Escuela Nicaragua, en la Colonia Miraflores, tardó tres horas en llegar, mientras que las maletas destinadas al INFOP fueron transportadas innecesariamente por la ciudad y detenidas en la Colonia El Hogar durante tres horas.
Ana Paola Hall, consejera del CNE, manifestó que el CNE con su propio personal logró hacer en una hora lo que las FF.AA. no hicieron en ocho. Por su parte, el alcalde de SPS, Roberto Contreras, describió lo sucedido como «un desorden bien organizado». Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, afirmó que «nunca se había observado tanta falta de planificación en unas elecciones internas”.
La precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó el papel de las FF.AA., en la entrega oportuna del material electoral.
El analista Oliver Erazo calificó la situación como una «violación a los derechos constitucionales y humanos de los hondureños».
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) exigió un informe detallado sobre lo sucedido y la deducción de responsabilidades.
Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) calificaron las irregularidades como «graves». A raíz de estos incidentes, cientos de ciudadanos protestaron en el Boulevard FF.AA., exigiendo transparencia y manifestando “afuera el familión”.
Mientras que el Ministerio Público conformó un grupo élite de fiscales para investigar si el retraso en la distribución del material fue una falla logística o una alteración intencional del proceso.
Según la vox populi, esto habría sido premeditado por el expresidente José Manuel Zelaya, que estaría generando caos para perpetuar a Libre en el poder, facilitado por la designación de la precandidata Rixi Moncada en el Ministerio de Defensa y Marlon Ochoa en el CNE.
Se rumora que Libre tiene mapeado los barrios y colonias donde hay mayor presencia de votos opositores y provocó intencionalmente los mayores problemas en esas zonas. De ser cierto, esto significaría que la crisis del 9 de marzo es solo un preludio de lo que podría ocurrir en noviembre.
El pueblo hondureño debe estar alerta. Si toleramos nuevamente estos abusos ¡nuestra democracia y libertad estarán en grave peligro!