El presidente argentino, Javier Milei, inaugurará este sábado por la noche el período de sesiones legislativas ante un Congreso semivacío, debido a la ausencia del 50 % de la oposición. Se espera un discurso hecho a la medida de los suyos y de sus aliados en el que destacará proyectos contra la inseguridad, ataques a la cultura ‘woke’ y “logros” económicos.
El escándalo por el ‘criptofiasco’ $LIBRA, la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema y el pedido de renuncia al gobernador Axel Kicillof para intervenir la provincia de Buenos Aires por casos de inseguridad, fueron algunos de los factores que motivaron la ausencia de los opositores.
Diputados, senadores y gobernadores peronistas de Unión Por la Patria adelantaron en un comunicado que no estarán presentes este 1 de marzo en la apertura 143° de sesiones ordinarias, al considerar que el país vive bajo “un Gobierno cada vez más autoritario y violento”.
El bloque de la izquierda argentina también decidió ausentarse, mientras que la denominada ‘oposición dialoguista’ – que ha buscado consensos con el oficialismo- tendrá una presencia reducida.
El presidente de la centrista Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, confirmó en sus redes sociales que no asistirá, tampoco estarán algunos legisladores de la centroderecha Encuentro Federal y la Coalición Cívica (centro).
Se descarta la presencia de los 329 legisladores, compuestos por 257 diputados y 72 senadores, así como la totalidad de los 23 gobernadores y el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, solo tres mandatarios han confirmado su presencia, aunque otros podrían enviar a sus vicegobernadores en su representación.
Bajo una estética similar a la del año pasado, el jefe de Estado hablará desde un atril por cadena nacional a partir de las 21:00 horas (00:00 GMT), el horario de mayor audiencia de la televisión argentina. Volverá a emular el estilo de los presidentes estadounidenses durante sus discursos del Estado de la Unión.
El resto de las bancas y palcos reservados serán ocupados por representantes de la ultraderecha Libertad Avanza, partido de Milei, y sus aliados de la derecha convencional Propuesta Republicana (PRO), quienes durante unos 45 minutos apreciarán desde primera fila la agenda política del Ejecutivo para este 2025.
Mano dura, ‘antiwoke’ y motosierra
Se aguarda que entre los proyectos de ley que presentará Milei, mencione la baja de edad de imputabilidad a los 13 años, a raíz de los últimos casos de inseguridad protagonizados por menores en la provincia de Buenos Aires.
Relanzará su batalla cultural contra lo ‘woke’, con el anuncio de eliminar la figura del feminicidio del Código Penal argentino, la derogación de los cupos de género para la comunidad trans, discapacitados, y el fin de la representación equitativa entre hombres y mujeres en cargos públicos. También, la supresión de normativas que obligan a funcionarios a capacitarse y asistir a víctimas de violencia de género.
Entre lo que el Gobierno define como “logros económicos”, Milei destacaría la desaceleración inflacionaria y el reordenamiento económico del país basado en una “motosierra profunda”, que agujereó miles de puestos de trabajos estatales, redujo servicios a la población vulnerable y afectó a sectores productivos e industriales.
Es posible que el mandatario deslice un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que la subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath, anunciara el viernes “muy buenos avances” en las negociaciones con Argentina, que debe a la entidad unos 40.000 millones de dólares.
El Gobierno necesita unos 11.000 millones dólares para levantar el cepo cambiario y afrontar las elecciones legislativas de octubre. Más allá de los avances y desregulaciones en diversos sectores económicos, hay expectativa por anuncios sobre reformas laborales e implementación de grandes porcentajes de reducción impositiva en un futuro cercano.
Por último, insistirá ante los gobernadores, que en su mayoría estarán ausentes, en proseguir con los acuerdos del Pacto de Mayo, cuyo punto central es el compromiso de reducción del gasto público en torno al 25 % del producto bruto interno. EFE