Omar Edgardo Rivera Pacheco
En unos cuantos días, se llevarán a cabo en Honduras las elecciones internas y primarias de los partidos políticos, un hecho crucial en la vida nacional, puesto que a través de estos comicios se seleccionará a los candidatos para las elecciones generales de noviembre. Estas elecciones de los partidos políticos distan de ser un ejercicio sencillo y se constituyen en una prueba de madurez tanto para estos como para los organismos electorales y para la ciudadanía en general, quienes deberán procurar que estas sean legales, transparentes y equitativas, y que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
El próximo domingo 9 de marzo de 2025, los principales partidos políticos de Honduras elegirán a los candidatos oficiales que los representarán en la contienda electoral general de noviembre, lo que convierte a este proceso en un mecanismo esencial para la renovación de liderazgos y la formulación de propuestas de solución a los múltiples y más significativos problemas que afectan a la población. No obstante, el éxito de esta jornada electoral no solo depende del desempeño de los partidos, sino también de la activa participación de los ciudadanos, y del cumplimiento del mandato de los organismos estatales.
Uno de los desafíos más relevantes de estas elecciones internas y primarias es garantizar que sea un proceso exento de prácticas deshonestas en el desarrollo de la votación y fraudes en el escrutinio. Lamentablemente, la historia política hondureña ha estado marcada por episodios en los que se han denunciado irregularidades y anomalías, lo que ha generado desconfianza en el sistema y un daño enorme a la reputación de los candidatos que resultan electos. Por ello, resulta fundamental que los partidos actúen con responsabilidad y que sus dirigentes demuestren un compromiso real con la transparencia y la decencia. La compra de votos o la manipulación de resultados en las mesas electorales solo contribuirían a debilitar aún más la credibilidad de nuestra clase política.
Del mismo modo, es imperativo que las elecciones internas y primarias se desarrollen en un ambiente de paz y respeto, procurando que las confrontaciones violentas entre facciones internas de los partidos no sean una norma de conducta, ya que erosionan la imagen de los comicios y ahuyentan la participación de los electores. Lo que acaecerá de aquí al domingo 9 de marzo de 2025, debe ser una auténtica fiesta cívica, en la que prime el debate de ideas sobre los antagonismos radicales y en la que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor a riesgos o represalias.
Asimismo, los candidatos tienen la obligación de presentar propuestas concretas y viables para atender los problemas más urgentes que afronta la nación. La crisis económica, la inseguridad, el desempleo y la corrupción son únicamente algunos de los retos que deben ser abordados con rigor, seriedad y responsabilidad. No basta con discursos vacíos o promesas populistas de los candidatos a cargos de elección popular, la ciudadanía debe exigir planes de acción claros y bien estructurados, respaldados por equipos de trabajo competentes y expertos en cada materia. La contienda electoral resulta inútil si los candidatos no están dispuestos a ofrecer soluciones reales y factibles.
El éxito de este proceso también dependerá de la labor de las instituciones encargadas de velar por su desarrollo adecuado. El Registro Nacional de las Personas (RNP), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA) deben desempeñar sus funciones con estricto apego a la ley, garantizando la seguridad, la transparencia y la equidad en el proceso. Estas entidades tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas y de intervenir ante cualquier intento de manipulación electoral, sin sesgo alguno y privilegiando los sagrados intereses de la patria.
En definitiva, las elecciones internas y primarias de los partidos políticos en Honduras serán un termómetro de la salud democrática del país; si se llevan a cabo de manera limpia y transparente, fortalecerán la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral y sentarán un precedente positivo con miras a las elecciones generales de noviembre. Pero si se ven empañadas por irregularidades, violencia o fraude, solo contribuirán a alimentar el escepticismo y la desconfianza en los procesos y los organismos electorales. Es, por tanto, responsabilidad de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto garantizar que estos comicios sean un verdadero ejercicio democrático, en el que prevalezca la decisión ciudadana y se respete su voluntad. La democracia hondureña necesita consolidarse, y esta es una oportunidad para demostrar que el país reoriente su andar en la dirección correcta.