El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) calificó ayer de “alto riesgo” la labor que realizan los defensores de los derechos humanos, de la tierra, del territorio y del ambiente, por lo que exhortó a las autoridades hondureñas a garantizar ese ejercicio y adoptar medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal.
El coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del Conadeh, Frank Cruz, condenó el hecho violento en el que perdieron la vida el ambientalista Juan Silva y su hijo Juan Antonio y se solidarizó con sus familiares.
Informes preliminares indican que padre e hijo salieron de su comunidad en una motocicleta para hacer fotografías sobre una tala ilegal de un bosque, sin embargo, no regresaron y más tarde sus cadáveres fueron encontrados.
Cruz calificó de alarmante la saña con que fueron asesinados los miembros de la familia Silva, por lo que recomendó a las autoridades hondureñas realizar una investigación oportuna, independiente, imparcial y exhaustiva, para que ese crimen no se sume a la larga lista de casos impunes en el país.
SON CRIMINALIZADOS
Indicó que, en los últimos años, la criminalización hacia los defensores que buscan proteger la tierra, los ecosistemas y sus territorios, se ha convertido en un peligro tanto para ellos como para sus familiares.
Se estima que, entre el 2022 y lo que va del 2025, alrededor de 35 defensores de la tierra, los territorios y del ambiente perdieron la vida en circunstancias violentas, principalmente en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, que registran el 79 por ciento de los casos.
Entre el año 2022 y 2024, el Conadeh atendió 89 quejas por violaciones al derecho a un ambiente sano, identificando que, en su mayoría, son derivadas por conflictos socioambientales por la superposición de los intereses de las empresas o de los terceros contra los derechos de poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Entre estos sectores vulnerables mencionó a los pueblos indígenas, comunidades afrohondureñas, campesinos y defensores de derechos humanos que cuentan con recursos naturales y bienes comunes en sus territorios.
UN PAÍS PELIGROSO
Honduras sigue siendo un país de alto riesgo para los defensores del medio ambiente, de la tierra y de los territorios como de los bienes comunes, reiteró Cruz.
Recordó que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su último informe país que el Estado hondureño continúa siendo uno de los países más peligrosos del continente para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Indicó que, ante este escenario, el Estado hondureño debe redoblar sus esfuerzos y que los agentes de investigación, del Ministerio Público y del Poder Judicial apliquen la debida diligencia en las investigaciones para esclarecer los hechos, pero también condenar a aquellos que han sido parte de esos procesos y esos crímenes.
DATOS
De las casi 20 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CORTE-IDH) contra el Estado de Honduras, desde 1989, tres de ellas están relacionadas con el asesinato de ambientalistas.
El primer caso fue el de Blanca Jeannette Kawas, asesinada el 6 de febrero de 1995. El segundo caso fue el de Carlos Escaleras, un reconocido defensor del ambiente y de los derechos humanos, asesinado el 18 de octubre de 1997, en Tocoa, Colón. El tercer caso es el de Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, asesinado el 18 de mayo de 1998.