La entrega de 29 capos mexicanos del narcotráfico a Estados Unidos se produjo por razones de «seguridad nacional» y al margen del tratado de extradición entre los dos países, informaron este viernes la Fiscalía y el gobierno de México.
El envío de los señalados criminales ocurrió en medio de la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel de 25% a México y Canadá a partir del próximo martes por su supuesta inoperancia contra el narcotráfico y la migración ilegal.
El fiscal general, Alejandro Gertz, dijo a la prensa que los acusados fueron «trasladados» a Estados Unidos ante informaciones de que algunos jueces buscaban retrasar deliberadamente su envío a ese país, que los reclamaba por varios delitos.
Hasta ahora la entrega de mexicanos solicitados por Estados Unidos ocurría al amparo de un acuerdo de extradición binacional que requiere un aval de la justicia para concretarse.
Pero el fiscal general y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicaron que se recurrió a este procedimiento extraordinario al trascender reportes de que algunos de los 29 presos enviados el jueves incluso iban a ser «liberados».
«Existía un riesgo de que algunos de estos objetivos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, considerando que las actividades a las que se han dedicado representan una amenaza a la seguridad de nuestro país», explicó García Harfuch.
Entre las personas entregadas se encuentra Rafael Caro Quintero, «El Narco de Narcos», quien fundó el cártel de Guadalajara, ya extinto, y pasó varias décadas en prisión por el asesinato del exagente antidrogas Enrique «Kiki» Camarena en 1985.
El jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que algunos de los señalados criminales podrían enfrentar la pena de muerte en ese país.
Sin embargo, Gertz detalló que en la legislación mexicana no existe esa sanción, por lo que otros países que tienen acuerdos deben respetar tales disposiciones.
«Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio», dijo.
El funcionario, quien participó el jueves en una reunión con funcionarios estadounidenses en Washington, sostuvo que México «ha cumplido» con su obligación de combatir al crimen organizado, por lo que a su juicio no hay razones para imponer aranceles. AFP