El coordinador de la Mesa Técnica de Desinternamiento de los Centros Penales Magistrado Mario Díaz, informó que se estima que más de 3,511 reclusos recobrarán su libertad en el 2025.
Lo anterior fue abordado durante la primera reunión con los diferentes sectores, en la que se discutieron las proyecciones y los objetivos alcanzados en 2024.
La Mesa Técnica analizó los casos de las personas privadas de libertad a quienes se les venció la medida de prisión preventiva y los que fueron excarcelados bajo la modalidad de libertad condicional.
Para ello, se analizó cada uno de los casos de los cuales muchos fueron sometidos a audiencias virtuales.
“Fueron alrededor de 2,490 audiencias virtuales de toda naturaleza, es decir audiencias, juicios, cómputos de pena, revisión de medidas entre otros”, agregó.
Continuó que la proyección para este año es poder desinternar a 3,511 personas que pueden ser bajo los beneficios de libertad condicional, prisión preventiva vencida o de preliberación.
“Ese es el mapeo realizado a nivel nacional que saldrán de manera mensual, esto permitirá palear un poco la sobrepoblación penitenciaria que afecta mucho a nivel de las relaciones internas que se dan en las prisiones”, enfatizó.
En todos los procesos, según dijo Díaz, existe una colaboración por parte de varias instituciones.
“Destacamos la buena colaboración con la demás instituciones del Estado y con la sociedad civil, como el Instituto Nacional Penitenciario (INP), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Mecanismo Nacional de Prevención Honduras Conaprev, y otros”, declaró.
CASOS PSIQUIÁTRICOS
Comentó que algunos de esos privados de libertad se encuentran recibiendo tratamientos en centros psiquiátricos, pero que ya se encuentran mentalmente sanados de su salud.
“Recibimos un informe de los médicos del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, de las personas privadas de libertad. Definimos una estrategia para poder sacar de los Centros Penitenciarios a aquellas personas que medicamente ya tienen el alta”, apuntó.
“Por algunas circunstancias de abandono tanto sus familiares como sus propios apoderados legales, todavía permanecen en el centro hospitalario, pero ya perfectamente puede salir”, agregó.
No obstante, aclaró que antes de tomar la decisión de ponerlos en libertad se realizará una evaluación conjuntamente con las autoridades del hospital psiquiátrico que determinen si son personas peligrosas que deben permanecer en prisión”.
Díaz comentó que se busca evitar la sobrepoblación en ese hospital, porque no es un albergue, ni prisión, y que están ahí “mientras les pasa la crisis de salud”
“Nosotros lo podemos saber mediante la evaluación psiquiátrica que haga los médicos del hospital respectivo”, sostuvo, para ello dijo que se nombró una comisión.
MONITOREO DE EXPEDIENTES
De igual forma, manifestó que la semana anterior, se comenzó a realizar un monitoreo judicial en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, a fin de darle seguimiento a los expedientes judicializados por parte de personeros que conforman la Mesa Técnica.
Durante la visita, se revisaron ocho expedientes de ingresos de pacientes judicializados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas y determinar si corresponde realizar cambios conforme a la normativa vigente.
De su lado, abogada Sandra Barahona, miembro de la Mesa Técnica señaló que, «uno de los hallazgos más relevantes es la falta de una base de datos que registre los 220 expedientes que maneja este centro asistencial, tanto judicializados como no judicializados. Esto dificulta la gestión de la información y el seguimiento oportuno de los casos».
Ante esta situación, la Mesa Técnica de Descongestionamiento, en coordinación con el Programa de Auditoría Penitenciaria, propuso la creación de una base de datos para el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita.
La visita también puso en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pacientes de este centro, entre ellos personas que han estado privadas de libertad y menores de edad.
La togada confió que la iniciativa de crear la base de datos será consensuada en la próxima reunión de la Mesa, programada para el miércoles 26 de febrero, con el propósito de agilizar la atención de los pacientes y mejorar la respuesta a solicitudes de información.
Díaz siguió que además de hacerse el monitoreo de expedientes en el hospital psiquiátrico, se recibió el informe del enrolamiento judicial que hubo el año pasado para los casos de los internos del Centro Penal de Choluteca, mostrándose los resultados, las recomendaciones a las autoridades penitenciarias, la condición en la que se encuentran judicialmente los casos de los prisioneros asignados a ese centro penal, entre otros.
Resaltó que los buenos resultados obtenidos durante las actividades de enrolamiento judicial continuarán con esta misma modalidad de revisión en los Centros Penales pendientes.
“En el caso del que recientemente hicimos labores de enrolamiento fueron alrededor de 236 expedientes criminológicos, a fin de identificar los internos que han cumplido su condena y aún no han sido liberados, así como aquellos que podrían ser beneficiados con medidas alternativas, al igual que reclusos que requieren atención prioritaria por condiciones de salud”, indicó.
Para los próximos días tenemos contemplado los enrolamientos judiciales en el Centro Penal del Porvenir, Atlántida. (XM)
