Rodolfo Dumas Castillo
El reciente anuncio del gobierno de mantener vigente el tratado de extradición con Estados Unidos representa un paso en la dirección correcta. La decisión preserva un instrumento esencial en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y corrige un error de enfoque que, de haberse mantenido, habría debilitado la cooperación internacional y generado incertidumbre jurídica, pues cerraba las puertas a la justicia mientras las abría a la impunidad.
Desde que se anunció la cancelación del tratado, el gobierno argumentó que la extradición se había convertido en un mecanismo de “extorsión política”, un instrumento para “desestabilizar la democracia” y un peligro para nuestra soberanía. Funcionarios defendieron con vehemencia estos argumentos, que ahora quedan totalmente desacreditados. Si bien la política y la geopolítica influyen en las relaciones internacionales, reducir la extradición a una herramienta de coerción es una visión simplista que ignora su verdadero propósito: desmantelar estructuras delictivas transnacionales que golpean a nuestra región.
Uno de los principales errores de enfoque fue ver la extradición como una cesión de soberanía, cuando es, en realidad, un mecanismo de cooperación entre Estados con intereses compartidos. Para Honduras, afectada intensamente por el narcotráfico y el crimen organizado, este esquema ha debilitado estructuras criminales en momentos en que nuestro sistema de justicia resulta ineficaz. Sin él, la alternativa habría sido enfrentar esas redes dentro del país, con los riesgos que ello implica.
Es importante enfatizar que la extradición no es una medida que se puede aplicar de manera indiscriminada o sin un escrutinio riguroso. Los tratados internacionales de esta naturaleza establecen salvaguardas para evitar abusos y asegurar que los procesos cumplan con los principios del debido proceso. De hecho, las solicitudes de extradición son evaluadas por nuestros tribunales antes de ser ejecutadas, lo que confirma que la institucionalidad nacional tiene un rol activo en cada decisión. Sin embargo, estas salvaguardas son solo las establecidas en el texto del tratado; cualquier otra sugerencia es pura demagogia.
En un mundo interconectado el crimen organizado no tiene fronteras y la respuesta del Estado tampoco puede tenerla. Por ello, es oportuno que el gobierno haya corregido su decisión inicial, imponiéndose en esta ocasión el pragmatismo sobre cualquier otra consideración ideológica o política. Sin embargo, este momento de reafirmación de la cooperación con Estados Unidos debe aprovecharse para fortalecer la relación en otras áreas clave que beneficien a Honduras.
En materia comercial, es fundamental replantear el CAFTA, buscando mejores condiciones para sectores que han sido afectados, especialmente el agrícola, que enfrenta enormes dificultades debido a la asimetría en los términos de intercambio y que son producto de una pésima negociación. Una revisión estratégica de estos acuerdos permitiría generar oportunidades de crecimiento y fortalecer la competitividad de los productores hondureños en el mercado internacional.
En el ámbito migratorio, la colaboración puede enfocarse en ampliar vías legales de migración, facilitando programas de trabajo temporal (visas H-2A y H-2B) y la regularización de hondureños que ya residen en ese país. Esto reduciría la migración irregular y los riesgos que enfrentan quienes buscan cruzar las fronteras de manera ilegal, simultáneamente generando beneficios económicos para Honduras y las comunidades receptoras en Estados Unidos.
El nearshoring continúa siendo una ventana estratégica para atraer inversiones, pero aprovecharla plenamente requiere un enfoque integral. Es fundamental expandir y modernizar nuestra infraestructura, garantizando conectividad eficiente y costos logísticos competitivos. Es imperativo mejorar sustancialmente el clima de negocios mediante regulaciones claras, simplificación administrativa y un marco jurídico estable que reduzca la incertidumbre para los inversionistas. Finalmente, fortalecer el Estado de derecho no solo es una demanda del sector empresarial, sino una condición indispensable para generar confianza, asegurar la estabilidad y maximizar los beneficios económicos y sociales que esta tendencia puede traer al país.
En lugar de adoptar una postura de confrontación, Honduras debe actuar con pragmatismo, fortaleciendo sus lazos con países amigos y trabajando en una agenda común que impulse el desarrollo económico, social y de seguridad. La cooperación siempre será un camino más productivo que el aislamiento, y aprovechar las oportunidades que esas relaciones ofrecen es clave para generar progreso y estabilidad para el pueblo hondureño.
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