El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó ayer al Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad a redoblar esfuerzos para investigar y judicializar a los autores materiales e intelectuales del crimen del ambientalista Juan López.
El defensor de la tierra y el medio ambiente, Juan López, ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, y desde entonces han transcurrido cinco meses, sin tener una idea clara de quiénes cegaron su vida.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh, hizo énfasis especial en el efecto que tiene, tanto la falta una investigación oportuna, como la falta de acceso a la a la justicia, en el caso de Juan López.
“Son elementos que deben tomarse en consideración, porque no solo se necesita de una normativa adecuada, sino que también, las instituciones operadoras de justicia, en este caso el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad tienen que redoblar esfuerzos para investigar y que se sancione a los responsables”, indicó.
El experto considera que algo que se debe tener en consideración es que entre más rápido se realicen las investigaciones, más valor van a tener las pruebas.
“La carga de la prueba es un elemento fundamental en el proceso de investigación porque entre más rápido se encuentre y se presente, mayor preservación va a tener la misma y mayor peso va a tener en el juicio”, explicó.
El Conadeh requirió al Ministerio Público para que le informe sobre los avances de las diligencias investigativas realizadas sobre el caso del asesinato de López.
La respuesta de la Fiscalía, según Cáceres, ya fue recibida y en la actualidad es objeto de análisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Cáceres declaró que el Conadeh está con toda la disposición de trabajar en conjunto, no solo con las instituciones estatales, sino que con los familiares de las víctimas para darle mayor celeridad al proceso.
López era integrante del Comité de Defensa de Bienes Comunes, funcionario público de la Corporación Municipal de Tocoa y líder religioso de la zona.
Era uno de los 20 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 5 de octubre de 2023.
Previo a su asesinato, el Estado de Honduras no adoptó las medidas de protección, pese a que el Conadeh advirtió su acentuada situación de riesgo, a través de una Alerta Temprana, emitida el 10 de septiembre del 2024.
Las medidas cautelares fueron dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las y los Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la muerte del defensor del ambiente, el Conadeh recomendó al Estado de Honduras realizar una investigación oportuna, independiente, imparcial y exhaustiva.
Además de tomar en cuenta los más altos estándares internacionales relativos a la debida diligencia en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos.