El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), solicitó penas que oscilan entre 1,260 y 1,273 años de prisión para 15 integrantes de la pandilla 18, quienes fueron declaradas culpables del asesinato de 46 mujeres privadas de libertad durante una violenta reyerta ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
La Fiscalía presentó las siguientes solicitudes de penas ante el órgano jurisdiccional:
- 1,260 años de prisión para:
- Heidy Jackeline Palma Rivera, alias “La Suicida”
- Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, alias “La Pichingón”
- Francis Margarita Chavarría Ávila
- Lourdes Eloísa Barrientos Turcios
- Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias “La Nena”
- María Cristina Cálix Salinas, alias “La Fuga”
- Any Dayana Barahona Mejía, alias “La Vagabunda”
- Dania Jakeline Maradiaga Flores, alias “La Inquieta”
Estas personas fueron encontradas culpables de los delitos de asesinato, tentativa inacabada de asesinato, asociación para delinquir e incendio cualificado.
- 1,265 años de prisión para:
- Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, alias “La Tafi”
- Kenia Patricia Salinas Rivera (Flavia Marlene Tercero), alias “La Tremenda”
- Karen Lorena Ávila Pavón, alias “La Flaca Ávila”
Culpables de los delitos de asociación para delinquir, asesinato, tentativa inacabada de asesinato y porte ilegal de arma de fuego comercial.
- 1,268 años de prisión para:
- Claudia María Lemus Aceituno, alias “Saico”
- Cherry Darling Guevara, alias “La Flaca Halloween”
- Susana Godoy Leiva, alias “La Buller”
Culpables de asociación para delinquir, asesinato, tentativa inacabada de asesinato y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido.
- 1,273 años de prisión para:
- María del Carmen Contreras Castillo, encontrada culpable de asociación para delinquir, asesinato, tentativa inacabada de asesinato y porte ilegal de municiones de uso prohibido y comercial.
El juicio contra Arleny Sarahí Guerra Portillo, implicada en el mismo caso, está programado para realizarse entre el 26 y 30 de mayo de 2025.
Con esta resolución, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la investigación y resolución de muertes violentas, destacando la importancia de garantizar justicia y prevenir la impunidad en casos de violencia extrema en el país.