Alrededor de cinco reconocidos abogados penalistas han desfilado y se han apersonado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los últimos días, luego de que trascendiera que hay dos casos de corrupción en el que se mencionan a diputados, exparlamentarios y exfuncionarios del gobierno anterior.
En tal sentido, los profesionales del derecho se encuentran atentos ante cualquier movimiento en la Suprema Corte referente a esos casos de alto impacto.
Dos de los casos que se presume que están a punto de estallar en la Suprema Corte son los que tienen que ver con el drenaje de fondos por medio de tres ONG de maletín, en uno de ellos se acusa a unas 34 personas entre diputados, exdiputados, exfuncionarios y otros.
Según la acusación de uno de los casos específicos es que supuestamente el dinero obtenido por medio de las ONG fue drenado de cuatro secretarías de Estado, disfrazándolos que iban con destino a los proyectos como “Chambita ahorita” y “Con chamba vivís mejor”, sin embargo, estos fondos, según la tesis acusatoria de la Fiscalía fueron utilizados para la campaña política del expresidente Juan Orlando Hernández.
Entre los reconocidos abogados que han desfilado en el Poder Judicial se encuentran la abogada Doris Madrid, Dagoberto Aspra, Aldo Santos, Darwin Lindolfo García y Danelia Ferrera, ninguno de ellos amparados bajo el secreto profesional no han revelado a quiénes representarán y para cuál de las causas es que los estarán representando.
La mañana de ayer, se apersonó el exfiscal Aldo Santos y sostuvo que “todavía no hay requerimiento, pero bajo control jurisdiccional cuando el fiscal considera que hay que obtener elementos probatorios que podrían vulnerar el derecho a la defensa, el debido proceso, es que los fiscales como cualquier abogado privado deben de comparecer ante el juez para que el juez pueda autorizar bajo control jurisdiccional la realización de ciertas diligencias de investigación porque de lo contrario pudiera vulnerarse derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución política nuestra como en tratados internacionales”.
“En la juramentación de peritos el juez le hace saber el alcance de su pericia y de esa manera los imputados o posibles imputados tienen el derecho de conocer cuáles serán las resultas de investigación”, agregó.
Al consultarle sobre la celeridad que demandó este lunes el fiscal Johel Antonio Zelaya, “yo respeto la posición del Ministerio Público, no podré compartir algunas situaciones porque creo yo que, así como los abogados legales tenemos el deber de garantizar y develar para que el derecho de nuestros representados no sea vulnerado”.
“El Ministerio Público como una parte procesal, así como la defensa legal tienen los mecanismos legales para solicitarle al juez un pronto despacho, hay que garantizar la independencia de los tribunales de la República”, indicó. (XM)