Jairo Núñez
El caso del general Romeo Vásquez Velásquez, quien junto a otros dos comandantes también en condición de retiro, han sido capturados y encarcelados acusados por la lamentable muerte de Isis Obed Murillo, es un asunto que trasciende lo meramente legal, tocando fibras éticas, morales y políticas de gran relevancia. La muerte de Murillo, ocurrida en 2009 durante una manifestación en contra del golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya Rosales, sigue siendo un tema de dolor y controversia en la sociedad hondureña. Sin embargo, la captura de los generales en este contexto abre la puerta a cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de los hechos y las motivaciones que subyacen en la persecución de estos altos oficiales.
El principio fundamental del derecho penal establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, esto ya lo decía el General Francisco Morazán. En este sentido, no existen pruebas contundentes que vinculen directamente al general Romeo Vásquez Velásquez con la orden de asesinar a Isis Obed Murillo, del cual “se perdió el expediente”. La Fiscalía ha invocado 14 supuestas pruebas que veremos qué tanto llegan a ser objetivas. No hay evidencia documental ni testimonios claros que indiquen que él haya dado la orden para que se perpetrara el asesinato, ni mucho menos que haya sido cómplice directo de tan terrible acto. E incluso, existen supuestos rumores que la bala se disparó desde adentro, o sea, desde los mismos manifestantes.
La responsabilidad de un alto funcionario como el general no puede, ni debe, ser atribuida de manera arbitraria. Como cualquier líder en una estructura jerárquica, sus decisiones están sujetas a una cadena de mando y a la ejecución de órdenes por parte de sus subordinados. Atribuirle la responsabilidad de un acto cometido por un individuo bajo su mando, sin pruebas claras de su implicación directa, representa una interpretación sesgada y peligrosa de la ley. Algo que, si el abogado defensor es lo suficientemente sagaz, logrará salir victorioso si no es que, esperemos que no, el general muera en condiciones poco razonables o a causa de las enfermedades que padece como la hiperglicemia por la cual ya tuvo que ser hospitalizado.
Es válido entonces preguntarse: ¿Es acaso responsabilidad del ministro de Seguridad que un policía haya disparado contra un civil durante una protesta? ¿Debe un CEO cargar con la culpa de las acciones de un empleado que actúa de manera ilegal y arbitraria? La respuesta es clara: no. Los líderes no son responsables por los actos aislados y autónomos de sus subordinados, a menos que se pueda probar que estaban directamente involucrados en la orden o en el encubrimiento de tales acciones.
Lo que se presenta ante la sociedad no es solo un caso de justicia, sino también un claro reflejo de la polarización política que aún persiste en Honduras. Es necesario recordar que el golpe de Estado de 2009 que derrocó a Manuel Zelaya marcó un hito en la historia reciente del país, dividiendo profundamente la sociedad hondureña. Años después, el regreso de Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente, al poder ha reavivado los sentimientos de venganza de aquellos que perdieron poder y puestos durante ese turbulento periodo. Varios de ellos han estado recibiendo indultos de forma arbitraria como Padilla Sunseri y el mismo Flores Lanza.
El hecho de que hoy, bajo el gobierno de Castro, se reabra un caso tan cargado de connotaciones políticas como el asesinato de Isis Obed Murillo, plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las autoridades en el proceso judicial. Todo apunta a que esta es una venganza disfrazada de justicia, dirigida no solo contra los responsables de la muerte de Murillo, sino contra un general que, desde su perspectiva, representa una amenaza para el régimen actual. La captura del general Vásquez Velásquez no sólo refleja la búsqueda de culpables, sino la manipulación del aparato judicial para lograr un ajuste de cuentas político.
En conclusión, la captura y encarcelamiento del general Romeo Vásquez Velásquez no se sostiene sobre una base sólida de evidencia ni de responsabilidad directa. En lugar de ser un acto de justicia, parece ser una venganza política motivada por los intereses del actual gobierno. La falta de pruebas claras, junto con el contexto histórico y político que rodea este caso, nos lleva a la inevitable conclusión de que el general es víctima de una persecución política que busca eliminar a aquellos considerados opositores al régimen, y él es solo el primero en una cadena de opositores presos al estilo Nicaragua.
En todo caso, también nos estaríamos planteando: ¿por qué no se presentan cargos contra el general Roosevelt Hernández por las violaciones a derechos humanos realizados por miembros del ejército recientemente? ¿Hipocresía?