Carolina Alduvín
De acuerdo a las religiones originadas en la milenaria India, el karma es una energía o ley no escrita que se genera a partir de los actos de las personas, un agente que opera como un espíritu de justicia o equilibrio. Algo así como la justicia divina en la que los creyentes se refugian cuando advierten que la imperfecta justicia impartida por los humanos ha sido cooptada, sesgada, comprada o sometida al capricho del gobernante, como da reiteradas muestras la del patio. Una mal llamada justicia que privilegia a un familión comandado por asesinos, premiándolos con una forma de impunidad llamada amnistía, dada la comprobada culpa. Una práctica espuria como el nombrar fiscales a modo para dejar sueltos a los que negocian con narcotraficantes y persiguen a quienes no les cumplen sus caprichos, les incomodan o los perciben como una amenaza.
El discurso de odio de los refundidores cae tan, tan, pero tan bajo que no les importa abrir la vieja herida de la familia del mártir que ellos mismos fabricaron en medio de la confusión generada por un narcisista depuesto y capturado merced a la orden de un juez, por suponérsele responsable de delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras. Mismos que no pudieron probarse, porque no fue sometido a juicio, gracias a un acto de misericordia por parte del oficial que recibió la orden, quien en vez de encarcelarlo preventivamente como correspondía, hizo arreglos para enviarlo al exilio.
Lo anterior fue catalogado en base a los informes sesgados de un diplomático poco serio como un golpe de Estado, cuando el diccionario nos dice que eso es un acto violento por el que se toma el poder. El poder siguió en manos, no de un militar o de un miembro del partido de oposición, sino de un funcionario del mismo partido, no medió violencia para juramentar en la rama del Ejecutivo a quien hasta ese día presidió la rama del Legislativo, de acuerdo con el Artículo 242 de nuestra Constitución. Lo ocurrido en 2009 fue una sucesión apegada a una disposición constitucional, pero por malicia, ignorancia o comodidad, se sigue calificando erróneamente a acciones totalmente apegadas a derecho y originadas por la ambición de un caprichoso deslumbrado por los millones que le soltó un gobierno extranjero.
Posteriormente, en una sabia rectificación del gobierno que proclamó al mundo el altisonante calificativo, publicó un análisis razonado concluyendo que, en todas las actuaciones de las autoridades hondureñas, lo único que estuvo mal hecho fue enviar al supuesto infractor al exilio, en vez de ponerlo a disposición de la justicia. Es decir que el acto de misericordia –-definida como la inclinación del ánimo a compadecerse de las penalidades y miserias ajenas– de parte del captor, fue precisamente lo que dejó el pelo en la sopa a toda la operación. Recuerdo haber preguntado el porqué de tal actuación, se me explicó entonces la teoría del mal menor. Bien o mal hecho, lo cierto es que la violencia que se trataba de evitar estalló, no por parte de los supuestos golpistas, sino de la chusma de refundidores que fueron azuzados desde el exilio por el nefasto líder y sus amos socialistas ya entronizados más al sur.
En su infinita necedad y sed de poder, el exilado intentó regresar sabiéndose aclamado, con firmeza se le negó el reingreso y entonces decidieron fabricar a un mártir, cuyo asesinato sigue sin estar plenamente esclarecido después de más de 15 años, en los cuáles a nadie más volvió a importar que se hiciera justicia. Derivado de los errores de apreciación que permearon a la comunidad internacional, Honduras fue sancionada porque hubo una sociedad que se dispuso a defender sus libertades y la incipiente democracia que venía construyendo a lo largo de su accidentada historia. Los errores de entonces, muchos los siguen pagando al comprometerse su modo de vida y, al final de cuentas, a este nefasto personaje se le terminó premiando con el retiro de todas las acusaciones, un nuevo partido, patrocinios ilícitos y la vuelta al poder.
Nunca me convenció la teoría del mal menor, mucho menos cuando quien intentó explicármela, viendo retrospectivamente la cadena de acontecimientos desde aquella piyamada, concluyó que los captores de entonces no terminaron de hacer el trabajo. Faltaron a la Ley por obedecer a la conciencia, a la amistad y hoy, hoy les cobran el muerto.