Sectores civiles cuestionaron la publicación del decreto de Estado de Excepción en el Diario Oficial “La Gaceta” porque no fue aprobado por el Congreso Nacional.
La normativa, que es una prórroga a las anteriores desde que comenzó el gobierno de turno, como medida para reducir la criminalidad en el país, durará 45 días, desde ayer.
Al respecto, el abogado constitucionalista Oliver Erazo, recordó “que el artículo 187 de la carta magna dice que (el decreto) se tiene que hacer a través del Consejo de Ministros y ese decreto debe de contener cuatro puntos. Uno de ellos, que es el último que establece la Constitución, dice el tiempo que durará esta extinción”.
Además, agregó, se convocará en el mismo decreto al Congreso Nacional para que dentro del plazo de 30 días conozca de dicho decreto y lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que estuviera reunido el Congreso, conocerá inmediatamente. Es decir, para que este decreto de suspensión de garantías de derechos tenga efecto, validez y vigencia, tiene que pasar por el Congreso Nacional, porque así lo ha dejado establecido la Constitución de la República como uno de sus mecanismos de control para evitar los excesos y desvíos de poder”.
Advirtió que “si pretenden creer que con la publicación en La Gaceta del decreto del Consejo de Ministros, este ya tiene vigor y validez, están cometiendo un gravísimo error, y todo lo que los órganos policiales, las Fuerzas Armadas, hagan a la luz o creyendo que están amparados por este decreto sin haber pasado por el Congreso Nacional, simple y sencillamente es nulo y desde ya se configura en una violación de derechos constitucionales fundamentales”, subrayó.
Erazo expuso que el argumento del gobierno de que no logran consensos en el Congreso, “ no implica imponer todo a través de un control convencional. No funciona así y los están mal asesorando”.
“El mismo artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se remite a los procedimientos constitucionales. Sumado a ello, la Carta Democrática Interamericana en sus disposiciones establece precisamente que actos como este que estamos analizando en este momento de no rectificarse son un atentado a la democracia y a la institucionalidad democrática. Entonces, yo creo que no podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado, siendo que son los mismos actores del pasado que han generado esta crisis del 2009”, subrayó.