El abogado defensor del general en condición de retiro, Vásquez Velásquez, abogado Fernando Gonzales, expresó que ofrecieron más de 35 millones de lempiras como garantía hipotecaria pero la juez no lo tomó en consideración.
“Ningún comandante de batallón quiso darle resguardo por seis días a un exjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) y al exsubjefe de las Fuerzas Armadas, entre generales no se quieren, entre oficiales no se quieren, el peor enemigo de un exmilitar es otro exmilitar, sin embargo, no quedó otra alternativa que darle el traslado a mínima”, agregó.
El joven Isy Obed Murillo Mencías perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza mientras participaba en una manifestación pacífica en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toncontín, en el extremo sur de Comayagüela. Por su parte, el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP).
“Las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra los ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente”, señala el informe.
De estas acciones, informaron los fiscales que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales.
Según el requerimiento fiscal, los altos mandos del Estado Mayor Conjunto son responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades. Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
De acuerdo con el fragmento de la certificación preliminar A1040-09 al que LA TRIBUNA tuvo acceso “Isy Obed Murillo Mencías autopsia A1040-09 fecha de muerte domingo 5 de julio del 2009, a eso de las 3:34 de la tarde, durante los disturbios ocurridos frente al Aeropuerto Toncontín, el ahora occiso fue herido con proyectil de arma de fuego, fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela ya sin signos vitales”.
“La causa de muerte preliminar es por laceración cerebral a causa de una herida por proyectil por arma de fuego dispuesta de la siguiente manera orificio de entrada localizada en la región frontal derecha de 0.3 centímetros de diámetro con anillo de contusión excéntrico anterior de 0.2 centímetros de ancho; a 0.4 centímetros de la línea media anterior del cuerpo a 165 centímetros de altura de los talones”.
“El trayecto del disparo de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, que provoca herida en piel con acumulo de sangre en el cráneo y cuero cabelludo (hematoma epicraneano), y parpado superior de ojo derecho (hematoma palpebral), de 5×2.3 centímetros, fractura conminuta de cráneo, contusión hemorragia, y laceración cerebral”.
“Mientras que el orificio de salida del disparo localizado en la región posterior izquierda de la cabeza (parieto occipital) de 10x7centimentros a 4 centímetros de la línea media posterior del cuerpo y a 164 centímetros de la altura de los talones”.
La manera de muerte que le dio el médico forense Gustavo Valladares fue homicida desde el punto de vista médico forense y esta certificación fue extendida el pasado ocho de julio del 2009, tres días después de haber ocurrido la muerte violenta del joven. (XM)