Las puertas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), fueron cerradas por un grupo de docentes jubilados, que exigen que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los maestros en protesta exigen que las autoridades del Inprema comiencen a aplicar la sentencia de la CSJ a favor de 166 amparistas, fallo que ha sido ratificado en dos ocasiones.
La profesora, Durián Chávez, aseguró que la lucha que mantienen es justa, ya que fue reconocida mediante una sentencia donde se les dio el derecho violentado por el Inprema cuando se les pensionaron con una ley del 2011, con vigencia en 2012.
Chávez, aseguró que es “totalmente anárquica, una ley violatoria a los derechos adquiridos para nosotros los docentes que empezamos nuestro proceso de licitación con la ley de 1980”.
Ellos han asegurado que mientras las autoridades de la institución no les cumplan con este fallo, ellos no van a dejar la toma que mantiene paralizadas todas las acciones que ahí se realizan.
El comisionado presidente del Inprema, Héctor Díaz, señaló que se debe hacer un análisis para proceder con el fallo de la CSJ, que dejaría un impacto económico de unos 30 mil millones de lempiras a la institución.
“Lastimosamente el amparo llega en un momento que el presupuesto del Inprema ya se había ejecutado, nosotros pagamos el viernes pasado las últimas pensiones del año, es decir el aguinaldo y las pensiones para los jubilados”.
“Así que el espacio presupuestario es bien poco, es cercano al dos por ciento por lo tanto estamos realizando los cálculos en función de poder cubrir con este presupuesto, de no poder ser así tendríamos que hacer una modificación presupuestaria”, detalló.
Al tiempo que aseguró que trabajarán para poder hacer una modificación presupuestaria, que les llevaría al menos tres semanas. Pero que se deben tener los dictámenes para hacer los cálculos.
“Pero mientras siga este movimiento, será más difícil que nosotros podamos cumplir con esto. Una vez que hagamos los pagos y los ajustes, enviaremos un informe a la CSJ”, destacó Díaz.
Los portones de la institución permanecen cerrados con cadenas y banderas colgadas, exigiendo que se cumpla con este derecho que beneficia a 116 docentes que aseguran no dejarán su lucha.