El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) expresó este sábado su preocupación por la construcción de una cárcel en una región remota entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, al este, limítrofes con Nicaragua, y pidió al Estado aplicar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
En un comunicado, el Conadeh advirtió al Estado hondureño que la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) requiere «obligatoriamente de la participación de los pueblos y comunidades afectadas», por lo que se debe desarrollar una consulta previa, libre e informada.
Esto, en cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como de otras obligaciones internacionales ratificadas por Honduras.
El 26 de noviembre, la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, realizaron una visita de supervisión a la comunidad de Mocorón, donde se planea construir el centro de reclusión, precisó el Conadeh.
Quince organizaciones del pueblo misquito se oponen a la construcción de la cárcel en Mocorón, hasta donde se han trasladado para protestar y evitar el inicio de las obras.
Uno de los manifestantes dijo que están «unidos los doce consejos territoriales misquitos y los cuatro pueblos tawahkas, garífunas y pech, para demostrar su rechazo a la intención de la construcción de una mega cárcel en nuestro territorio».
Agregó que el Estado tiene «mucha deuda histórica» con los pueblos indígenas e instó al Gobierno a respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
El Conadeh señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los Estados deben garantizar el derecho a la consulta de un proyecto que pueda afectar el territorio de una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia.
Por ello, el organismo de derechos humanos recomienda al Estado hondureño aplicar el Protocolo Biocultural del Pueblo Indígena Miskitu para facilitar el proceso de consulta.
Además, sugiere analizar la idoneidad de la construcción de la cárcel en Mocorón bajo la obligación estatal de «garantizar el derecho a la consulta e identidad cultural de los pueblos y comunidades involucradas, debiendo ser realizada con carácter previo, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo adecuado, accesible e informado». EFE