El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señaló que no debe haber un estado de excepción en el país, por el contrario, urgió a las autoridades hondureñas la implementación de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos.
La posición de nosotros es que no debe haber un estado de excepción y lejos de eso deben buscarse políticas de seguridad que tengan un enfoque de derechos humanos, dijo la titular del CONADEH, Blanca Izaguirre.
Agregó que no se puede hablar de un Estado democrático de derecho sin una política de seguridad que tenga un enfoque de derechos humanos.
Admitió que las veces que se ha reunido con las autoridades encargadas de la seguridad en el país han sido reuniones muy productivas, sin embargo, aclaró que no se ha abordado el tema del estado de excepción ni de las quejas que el CONADEH ha recibido en el marco esa iniciativa gubernamental.
No les puedo compartir esas quejas, porque todas las quejas que se presentan en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tienen un principio de reserva que debo respetar, dijo la defensora del pueblo.
Agregó que está a la espera que se le invite o se solicite un espacio en la agenda para poderse reunir y discutir las quejas que tenemos y por qué se han presentado.
Consultada en torno a las represalias que puedan existir por parte de las autoridades contra las personas que denuncian, la titular del CONADEH fue contundente al responder que precisamente, ese es el objetivo para que haya un principio de reserva y confidencialidad en todas las quejas que atiende el CONADEH.
Sobre la ampliación del estado de excepción expresó que la posición del CONADEH ha sido la misma desde el principio, que no debe haber un estado de excepción, en principio porque desconfigura la excepcionalidad una vez que pasa un tiempo prudencial.
Además, porque han logrado constatar, y eso se ha presentado en varios informes, incluso en uno con enfoque de género, que los datos presentados por la Secretaría de Seguridad contrastan o distan mucho de las que el CONADEH recoge en las verificaciones que se hacen en los centros de detención, las postas o en relación a las quejas que han sido presentadas.
La posición de nosotros siempre es que “no debe haber un estado de excepción” sostuvo la titular del CONADEH.
En las últimas horas, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH reveló que, desde el inicio del estado de excepción, en diciembre del 2022 hasta octubre del 2024, este ente estatal atendió alrededor de 700 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
Entre las autoridades con el mayor número de quejas, ante el CONADEH, está la Policía Nacional, la Dirección Policial Antimaras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Militar.
Las quejas contra los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado incluyen el uso desproporcionado de la fuerza en el momento del allanamiento o de aprehensión, sobre todo, los que se realizan en altas horas de la noche, además, la pérdida de objetos durante las intervenciones y la incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos.
En diciembre del 2022, el Gobierno decretó el estado de excepción para hacerle frente a la inseguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada principalmente por grupos criminales organizados, que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas mediante delitos como la extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros.
La medida se instauró inicialmente en 89 barrios y colonias del municipio del Distrito Central en Francisco Morazán y 73 del Valle de Sula, en el departamento de Cortés.
En la actualidad el estado de excepción alcanza 226 municipios de los 18 departamentos del país debido, según las autoridades hondureñas, a la crítica situación de inseguridad que se constituye en una perturbación grave de la paz en el país.
Se estima que alrededor de 640 mujeres perdieron la vida violentamente desde que se puso en vigencia el estado de excepción en diciembre del 2022 a octubre del 2024, es decir, un promedio de una víctima cada 26 horas.