Este lunes fue publicado en el Diario Oficial «La Gaceta», la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de Honduras.
El pasado 20 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abolió las ZEDE desde su origen, al considerar que vulneran la Constitución de la República en los artículos 294, 303 y 329, relacionados con la organización territorial, el sistema de justicia y el régimen económico del país.
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Laura Dogu: Es importante apoyar a las empresas que han invertido en las ZEDE (23/09/2024)
La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a la inconstitucional de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), por lo que manifestó la importancia de apoyar a las empresas que han invertido sus recursos bajo la normativa de las ZEDE.
“Vamos a respetar las decisiones de la Corte, pero es importante ayudar a las empresas que han invertido aquí. Ellos vinieron bajo una ley diferente y han invertido sus recursos con una idea del futuro aquí en el país», dijo la diplomática estadounidense en Honduras.
«Es importante para el Gobierno encontrar una manera de trabajar con estas empresas que ya están trabajando aquí. Hay muchos hondureños trabajando en esas empresas también que no quieren perder su trabajo”, agregó Laura Dogu.
Juan Carlos Sikaffy revela que advirtió a empresarios no invertir en las ZEDE (25/09/2024)
El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy reveló en exclusiva para La Palabra de La Tribuna TV, que advirtió a los empresarios no invertir en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), ya que para él las mismas eran inconstitucionales.
El reconocido empresario manifestó que la declaratoria de inconstitucionalidad de las ZEDEs, era «la crónica de una muerte anunciada».
«El Cohep en 2021 emitió un análisis técnico donde se advertía a los empresarios que no invirtieran en las ZEDEs porque era algo altamente riesgoso, que podrían perder su dinero debido a que no contaban con la suficiente seguridad jurídica», afirmó Sikaffy.