La corte de apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción declaró «No Ha Lugar» los recursos presentados por la defensa y ratificó el auto de formal procesamiento con detención judicial logrado por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) contra ocho oficiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de implantar pruebas a ciudadano y de robarle sus pertenencias.
Los policías son: Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López, acusados de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.
De acuerdo a las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el hecho ocurrió el 12 de enero del año 2024, a las 4:40 de la madrugada. Los acusados llegaron en dos vehículos tipo pick-up sin placas hasta una vivienda en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula. De forma violenta rompieron el portón, ingresaron y se dirigieron a la habitación del ofendido, a quien llevaron a la sala para golpearlo mientras registraban la casa.
Tras agredirlo, lo interrogaron sobre el paradero del dinero, drogas, armas y bienes de valor. También le robaron dos iPhone, un Apple Watch, un arma de fuego, su cartera con documentos personales y dinero. Además, intentaron boicotear el sistema de cámaras de la vivienda.
Durante más de tres horas lo retuvieron ilegalmente, llevándolo a distintos lugares en SPS. Los policías le exigieron 350 mil lempiras para liberarlo, pero al no tener el dinero, le implantaron bolsas de droga en su mochila. Finalmente, lo llevaron a las instalaciones de la DPI, donde lo amenazaron con matarlo.
En la DPI, presentaron informes falsos para acusarlo como miembro de una estructura criminal. Le implantaron cocaína, marihuana y un arma de fuego automática (tipo UZI) como evidencia. Además, lo amenazaron con remitirlo al Ministerio Público si no pagaba el dinero solicitado.
MINISTERIO PÚBLICO
En prisión continuarán ocho miembros de la DPI que implantaron pruebas a ciudadano y le robaron pertenencias pic.twitter.com/nLqc3BcXWd
— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 26, 2024