Brasilia (EFE). El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro tenía «pleno conocimiento» de un plan elaborado por militares golpistas para asesinar, por envenenamiento, al entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones del 2022, según un informe policial desclasificado hoy martes.
El magnicidio, previsto para ejecutarse antes de la investidura de Lula, el 1 de enero del 2023, también tenía por objetivo matar al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, en la época jefe del Tribunal Superior Electoral y ahora relator de esta causa.
«Las evidencias recogidas indican que Jair Bolsonaro tenía pleno conocimiento de plan operacional (‘Puñal Verde y Amarillo’), así como de las acciones clandestinas practicadas bajo el apodo ‘Copa 2022′», recoge el informe de la Policía Federal sobre la tentativa del golpe de Estado contra Lula, desclasificado por el Supremo.
Las autoridades brasileñas se basan en «los registros de entrada y salida de visitantes al Palacio de la Alvorada», residencia oficial de la Presidencia, en «el contenido de diálogos entre interlocutores del núcleo próximo» del líder ultraderechista y en el «análisis de fechas y reuniones» celebradas durante esa época.
Por todo ello, sospechan que Bolsonaro era consciente del plan en curso supuestamente elaborado por el general de la reserva Mario Fernandes, que entonces ejercía como secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia brasileña.
Diversos documentos obtenidos por la Policía describen «todos los datos necesarios para la ejecución» del magnicidio, que incluía el uso de integrantes de un grupo de élite del Ejército, conocidos como ‘kids pretos’, y armas de guerra contra vehículos blindados.
De acuerdo con el informe, los golpistas habían previsto la posibilidad de «diversas muertes» durante la acción y hasta de los «eventuales militares implicados».
Todo con el objetivo final de «secuestrar y ejecutar» a De Moraes y acabar con la vida de Lula, mediante envenenamiento con un agente químico que le provocara un «colapso orgánico», y de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin.
«Hay pruebas» que demuestran que, el 9 de noviembre del 2022, Fernandes imprimió en el Palacio presidencial de Planalto el documento con el paso a paso para cometer el triple homicidio y que, posteriormente, «se dirigió al Palacio de la Alvorada, donde se encontraba Bolsonaro», apuntó la Policía.
El 6 de diciembre de ese año, el general de la reserva imprimió de nuevo el plan bautizado como ‘Puñal Verde Amarillo’, en alusión a los colores de la bandera brasileña, el cual estaba programado para materializarse el día 15 de ese mes, dos semanas antes de la investidura de Lula.
La Policía Federal presentó cargos ante la Justicia la semana pasada contra Bolsonaro y otras 36 personas, entre ellas varios militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno, por «abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita».
Las penas combinadas por esos delitos rondan los 30 años de prisión. Bolsonaro minimizó en la víspera las acusaciones de golpismo y aseguró que «nunca» discutió la posibilidad de anular las elecciones para mantenerse en el poder. EFE