José A. San Martín F. *
No le podemos dar otro calificativo que no sea el de “Inaudito”. Si, muchas situaciones están sucediendo en el ámbito político y que involucran a la institución militar desde que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMC), en un acto público, expresara opiniones que no son de su competencia, a nombre de la institución militar, levantando revuelo entre la sociedad civil, incluyendo militares en situación de retiro, que han reprobado dichas manifestaciones por ser violatorias de los preceptos constitucionales asignados a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional (PN).
Es cierto, todos tenemos derecho a expresarnos, a opinar y a disentir sobre cualquier tema o situación. Sin embargo, las leyes establecen límites en cuanto a la conducta de sus ciudadanos, estableciendo normas que nos permiten vivir en armonía, obligándonos a obedecer y respetar el derecho de los demás y las leyes que nos hemos comprometido cumplir. No hacerlo implica la aplicación de medidas punitivas para salvaguarda de la población. Los militares que desobedecen o violan las normas legales de su competencia, deben ser llamados al orden y aplicarles las medidas correctivas correspondientes.
Los hondureños estamos organizados para vivir y convivir con nuestros compatriotas, y nos hemos constituido en Estado; nos hacemos dirigir por organizaciones políticas creadas por los sectores de la sociedad civil; es así como aparecen los distintos gremios políticos para competir con otros a efecto de administrar temporalmente al Estado. Las instituciones armadas se crean no solamente para mantener inviolable la integridad del Estado, sino también la convivencia armónica entre la población. Las leyes y los reglamentos militares establecen muy claramente las funciones y competencias que son de su responsabilidad, y a ese propósito están limitados. Un aspecto importante y que no debe dejar ninguna duda es que las FF.AA. y PN están estrictamente ceñidas a lo que la Ley Magna expresa: Proteger al Estado. Son permanentes, apolíticas, obedientes y no deliberantes. Los gobiernos son temporales, y su función es administrar los recursos del Estado con el fin de alcanzar estadios que permitan de manera perdurable el bienestar de la población y no sólo de los seguidores de un partido político. La condición de permanencia de las FF.AA. y PN les obliga a mantener su estructura operacional siempre vigente y vigilante de la correcta aplicación de las leyes con el fin de no trastocar y poner en riesgo la estabilidad de la nación.
Las instituciones armadas están obligadas a servir atendiendo los mandatos de la ley. No se deben al gobierno del partido político en el poder; recordemos que este es temporal; el Estado no pertenece a ninguna organización política, a una familia o a un individuo. Cuando las instituciones armadas, o sus mandos, transgreden la ley, violan los principios constitucionales del Estado poniendo en peligro su existencia.
Pero, volviendo a la idea inicial de lo inaudito, no puede ser que, en la víspera de las elecciones del 2025, la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa sea candidata presidencial de una corriente política del Partido Libre. No se vale, incluso que la actual presidenta de la República la promueva en su campaña, no es ético, porque el Ejecutivo gobierna para todos sin favorecer ni promover a nadie en particular. Es más, incluso increíble que suceda esto cuando dicha aspirante política sea quien dirija a las FF.AA. en su misión constitucional de dar protección al proceso electoral, donde todos los partidos políticos se encaminan a competir por lograr la administración del Estado, los representantes al Congreso Nacional y las corporaciones municipales. Como aspirante a un cargo de elección popular, no es correcto ni ético que la titular de la Secretaría de Defensa, en esta época de campaña política, se aproveche de la desgracia que la tormenta Sara ha provocado a muchas comunidades en todo el país, dándose a conocer como la aspirante que les solucionará sus problemas, incluso siendo escoltada por elementos de las FF.AA., garantes de la transparencia y seguridad del proceso electoral.
Bajo estas circunstancias, es fácil razonar que no se está jugando limpio, que el gobierno en el poder está favoreciendo a su candidata principal para que continúe como titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, coloca a las FF.AA. y PN en una situación incómoda. Sin embargo, si estas siguen con honestidad los mandatos que la Constitución les ordena, tienen garantizado el cumplimiento efectivo de su misión. La honestidad, la lealtad y el honor se convierten en los valores que todo el pueblo hondureño espera de sus instituciones armadas. Sus mandos, desde su comandante General, Estado Mayor Conjunto, comandantes de Fuerza y de unidades militares y policiales, sin importar quienes sean sus titulares, deben cumplir lo que manda la ley y no permitir ser utilizadas con propósitos políticos perversos. El pueblo así lo espera. /
*Cnel. de Aviación FAH