Carolina Alduvín
De acuerdo al cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral, faltan menos de cinco meses para las elecciones primarias y poco más de un año para las generales. En su detallado desglose de actividades, no figura en renglón alguno la aprobación del presupuesto indispensable para las actividades; quizás porque no depende de quienes lo elaboraran o, porque lo dan por sentado. El CN lo aprobó casi en el último minuto, luego de un largo tiempo estancando por un polémico artículo promovido por los oficialistas. Al final de cuentas, reconocieron su inconstitucionalidad. Mientras tanto, se prepararon los términos de referencia para contratar servicios de TREP e identificación biométrica de los votantes.
La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP, es un sistema de información que permite transparentar el resultado de las elecciones dando a conocer, en el menor tiempo posible, los resultados preliminares de las votaciones. Es una herramienta informática que proyecta la tendencia de los resultados. Una tecnología que, en tiempo real actualiza y muestra los resultados de cada acta que se digitaliza. La información tiene carácter preliminar y se debe compartir a más tardar, dos horas después de culminar las votaciones.
Al ser un sistema de información, los resultados que presente van a depender de los datos que se suministren; en este caso, los que sean transmitidos desde cada una de las Juntas Receptoras de Votos y de las instrucciones que se programen para procesar tales datos. La única operación requerida es sumar. Parece simple y debería serlo; sin embargo, los términos de referencia para licitar tales servicios incluyen experiencia en materia electoral. De modo que, los prestadores de estos servicios ya pueden tener los equipos más avanzados, sofisticados, eficientes y hasta a prueba de fraudes, pero si jamás han participado de uno de estos fundamentales procesos, están automáticamente descalificados y los licitantes quedan sujetos a lo que hay.
La presidente del CNE, culminado el proceso de licitación, dio a conocer al público que: “Una empresa ha resultado favorecida porque el proceso así lo indica, es la empresa Smartmatic International Holding BB”. Las reacciones no se hicieron esperar. Se ha dicho que, por ejemplo, Smartmatic es una empresa fraudulenta, formada en 1997 y formalizada en 2000. Es propiedad de venezolanos, se constituye en Venezuela, luego se inscribe en Delaware, USA. No falta quien afirme que es holandesa o británica. Se hace énfasis en que ha sido cuestionada en distintas elecciones; por ejemplo, en la propia Venezuela en 2004, 2006 y 2011. Reportan que, en 2017 el fraude fue tan descarado que Maduro, por medio de sus operadores técnicos, logra sumar un millón de votos a su favor en las elecciones. Añaden que también ocurrió en El Salvador, donde luego de una millonaria demanda en dólares, se recibió una compensación de 226 mil dólares “debido a un error humano” en el que un operador sumó cientos de miles de votos, dando esa información a la población.
Algo más que preocupa es que el código fuente que utiliza Smartmatic es privado, sólo de ellos. No existe posibilidad de que alguien pueda hacer una auditoría de los resultados, persona común o técnicos en sistemas. Los únicos que pueden fiscalizar los resultados son los mismos técnicos de la empresa que tienen acceso al código puente. Hay que efectuar un análisis real de la compañía. Es del dominio público que hubo fraude en las elecciones de 2013 y 2017 aquí y hasta los diarios de los Estados Unidos, publicaron alegatos de fraude en 30 de los 50 estados durante los comicios del 2020, señalando a las firmas Dominion Rigging Systems y programas de Smartmatic Vote Counting Systems. La unanimidad de votos entre los consejeros del CNE tiene indignada a gran parte de la ciudadanía. Pese a que todo ocurrió con apego a la Ley.
¿Qué queda por hacer entonces? Corresponde a los ciudadanos garantizar que sus votos valgan, haciendo uso del derecho que les otorga la Constitución para organizarse y fiscalizar esos resultados con sistemas equivalentes programados con la debida transparencia. Si en el sistema oficial se programa fraude como se presume sucedió en el pasado, o pudiera volver a ocurrir, un sistema fidedigno e independiente y más avanzado debe estar a cargo de la ciudadanía organizada, sin tinte partidista alguno. Por el rescate de la patria.