El Estado de Nicaragua se inhibirá de intervenir en los asuntos internos de otros países, reconocerá el principio de solución pacífica de las controversias internacionales y promoverá un nuevo orden multipolar, según la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política divulgada este miércoles por la Asamblea Nacional (Parlamento).
La propuesta de reforma constitucional, enviada en la víspera al Parlamento, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, indica que Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en el respeto, amistad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad desde la soberanía de los Estados, y que se adhiere a los principios del Derecho Internacional reconocido y ratificado soberanamente.
«Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, así como la intervención en los asuntos internos de otros Estados», según la iniciativa.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha apoyado públicamente la campaña militar rusa en Ucrania desde el primer día.
Ortega, de 79 años y que gobierna Nicaragua desde 2007, tras presidir una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, también ha respaldado el programa nuclear iraní y ha pedido a Israel, con los que rompió relaciones, que se «desarme» para evitar un conflicto bélico.
Además, el pasado 26 de agosto, durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega dio por rotas las relaciones con Brasil, y tildó a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de «arrastrado» y de querer ser el «representante de los yanquis» en América Latina, por no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela.
Nicaragua desconocerá sanciones externas
En la propuesta de reforma constitucional, Ortega dice que Nicaragua reconocerá el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el Derecho Internacional.
También, que proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos políticos, y rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro.
Asimismo, que ninguna medida violatoria del derecho internacional tomada por Estados, grupos de Estados o gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez para el Estado nicaragüense, «que tiene el derecho de tomar las medidas que sean necesarias para proteger su soberanía nacional».
En ese sentido, la reforma constitucional propone considerar traidores a la patria a todos aquellos que atenten contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz de Nicaragua.
Por otro lado, según la iniciativa, Nicaragua privilegiará la integración regional y propugnará por la reconstrucción de la unidad centroamericana, y trabajará «por la construcción de la Gran Patria Latinoamericana y Caribeña, basada en los ideales unitarios y de hermandad de Bolívar y Sandino».
Nuevo orden multipolar
Además, la iniciativa destaca que se estará a favor de un nuevo orden multipolar «basado en la hermandad, solidaridad, complementariedad, cooperación, igualdad y respeto entre los Estados».
En la enmienda, Nicaragua también reitera la «validez y fuerza legal de todas y cada una de las consideraciones y resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en su histórica sentencia del 27 de junio de 1986 sobre las ‘Actividades Militares y paramilitares en y contra de la República de Nicaragua’, en concordancia con el Derecho Internacional la legislación nicaragüense», en la que se condenó a Estados Unidos.
«El Estado de Nicaragua tiene el derecho de ejecutar las acciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de esta histórica sentencia», señala la iniciativa.
En su propuesta de reforma constituconal, Ortega propuso ampliar de cinco a seis años el período presidencial, establecer la figura de «copresidenta» y que el Ejecutivo coordine los demás poderes del Estado.
También propone incluir como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007, que el Estado es «revolucionario», y crear una Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional -que según opositores se tratan de fuerzas parapoliciales y paramilitares-. EFE
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