Washington (AFP). Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero, una de las principales promesas de su campaña.
El magnate republicano de 78 años califica de «invasión» la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México.
Las acusaciones de envenenar «la sangre» e «infectar» Estados Unidos, de comer mascotas, de ser «asesinos» y «salvajes», entre otros calificativos despectivos extremos.
Para «liberar», según él, el país proyecta «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos» en cuanto asuma el cargo el 20 de enero.
«Buenas noticias: según algunos informes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas», escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.
El magnate respondió al mensaje con un «¡Es verdad!».
En abril, Trump declaró que la guardia nacional, un cuerpo militar, «debería ser capaz» de hacerse cargo de las deportaciones.
«Si no es así, utilizaría el ejército», es decir, las tropas federales, declaró a Time.
La deportación de migrantes no es nada nuevo en Estados Unidos.
La administración de Biden echó a más de cuatro millones, «combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes», según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.
Pero el republicano tiene previsto llegar mucho más lejos y, aunque se desconocen los detalles de sus planos, ha dado pinceladas.
Promete invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, sellar la frontera con México, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10,000 agentes.
Intentará resucitar el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, prohibir las ciudades santuario, que los protegidos de la expulsión, y suprimirles «todos los beneficios federales y de asistencia social».
Además, quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.
Como consecuencia las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.