El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, afirmó que la reciente denuncia por la falta de transparencia en el Congreso Nacional, es producto de una mala relación con el CNA.
El CNA divulgó un informe titulado: “Subvenciones, subsidios y fondos de ayuda social en el Legislativo: Excesos y opacidad”, en el que expone supuestas irregularidades y opacidad en la administración de estos fondos por parte del Congreso y sus diputados.
“No creo que sea falta de transparencia, sino una mala comunicación y relación, porque ella a veces se sale de la tangente, pierde su profesionalismo, objetividad y empieza a parecerse a un opositor político, cuando el CNA es una organización que no debería estar a favor de un partido ni en contra de otro”, manifestó Dixon.
El diputado por el departamento de Francisco Morazán, destacó que debería mantener una postura imparcial y profesional, ya que cuando adopta discursos con tintes políticos, se genera un clima de tensión y falta de comunicación entre ambas instituciones.
Dixon señaló que la Ley de Transparencia es lo suficientemente clara como para asegurar un ambiente de paz y concordia en el Congreso, aunque lamentó que las acusaciones externas sobre supuesta corrupción generen una imagen distorsionada.
“De qué sirve que los diputados liquiden sus fondos, mientras afuera están hablando que están robándose el dinero. Nosotros queremos que la información de la liquidación la conozcan todos para que miren si se invirtió en obras sociales y no se lo robó”, expresó el legislador.
Aseguró que, en el tema de subvenciones, los diputados no manejan dinero directamente.
“En lo que son subvenciones no tocamos ni un centavo”.
Agregó que los recursos provienen de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Gobernación, canalizados a través de las alcaldías.
Dixon también refutó las afirmaciones de que los congresistas reciben 100 mil lempiras mensuales, y defendió que nunca solicitó ese monto, aunque consideró que tales fondos podrían utilizarse para ayudar a la población con diversas necesidades.
Señaló que muchas comunidades se acercan a los legisladores para solicitar ayuda en la gestión de proyectos relacionados con agua potable, carreteras y otros servicios básicos, aunque enfatizó que la responsabilidad de resolver estos problemas recae principalmente en los alcaldes y el gobierno central.