El Presupuesto General de la República debe ser un instrumento clave destinado a impulsar el desarrollo económico, la creación de empleo y el apoyo a los sectores más vulnerables de la población, pronunció hoy el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) al ser convocado por el Congreso Nacional, en el contexto del proceso de socialización del Proyecto Presupuesto General de la República 2025.
“Insistimos en que el Presupuesto General de la República debe ser un instrumento clave para el desarrollo del país. Sin embargo, su actual configuración no ha logrado consolidarse como la principal herramienta de política pública destinada a impulsar el desarrollo económico, la creación de empleo y el apoyo a los sectores más vulnerables de la población”, señaló.
“Las proyecciones de ingresos tributarios no coinciden con el crecimiento real de la economía, lo que da una imagen poco realista de las finanzas del país. Esto debilita la confianza en el presupuesto y podría traer dificultades financieras a futuro”, expuso el sector privado.
“Al incluir devoluciones de impuestos como ingresos, el presupuesto sobreestima los ingresos en al menos 16 mil millones de lempiras. Esto crea una visión incorrecta de la capacidad de recaudar ingresos y podría obligar al gobierno a endeudarse aún más para cubrir el gasto real”, agregó.
“La baja ejecución de proyectos de inversión y el aumento de deuda flotante son señales claras de que la administración de los fondos públicos no está funcionando adecuadamente. Se necesitan cambios para asegurar que los fondos se usen de manera eficiente y evitar el incremento de la deuda flotante”.
“El pago de pensiones se incluye como inversión social en el presupuesto, cuando en realidad deberían ser consideradas gastos del gobierno. Este tipo de errores afecta la claridad y transparencia del presupuesto”, señaló.
“En la actualidad, no contamos con las herramientas adecuadas para evaluar si los proyectos de inversión están generando los beneficios esperados. Implementar un sistema de evaluación no solo permitiría asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos, sino que también abriría la puerta a mejoras continuas en el futuro”. “Esto contribuiría a maximizar el impacto positivo de las inversiones y fortalecería la confianza ciudadana en las obras públicas”, concluyó. (WH)