Mientras la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), intensifica operaciones para combatir redes de extorsión, estos grupos criminales siguen encontrando formas de adquirir y mover cantidades de dinero, aprovechando herramientas que dificultan el control policial.
Las autoridades han redoblado esfuerzos para capturar y judicializar a los implicados en estas redes. Sin embargo, la insuficiente implementación de medidas de regulación sigue fortaleciendo a las estructuras de extorsión. Según un reporte de Dipampco, en lo que va de 2024, más de 1,870 miembros de grupos criminales han sido capturados en operaciones coordinadas con el Ministerio Público, relacionados principalmente con extorsión, venta de drogas y homicidios.
DIPAMPCO también ha intensificado esfuerzos para combatir el lavado de activos, dado que las redes de extorsión buscan blanquear sus ganancias a través del sistema financiero del país. Este año, más de cien millones de lempiras han sido incautados o asegurados por esta dirección, evitando que estos fondos llegaran a manos de criminales.
A pesar de los logros, las autoridades advierten que aún persisten factores que fortalecen las actividades ilícitas. En el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, se incluyeron recomendaciones aún no implementadas, que facilitarían una respuesta más efectiva.
Según un estudio de la unidad de análisis estratégico de Dipampco, el 97% de las extorsiones en Honduras se realizan mediante llamadas telefónicas.
La falta de regulación en la venta de tarjetas SIM representa un obstáculo para la investigación, ya que las líneas compradas sin registro no permiten rastrear a los responsables. Dipampco recomienda que cada tarjeta SIM esté vinculada al Documento Nacional de Identificación (DNI) del comprador para facilitar su rastreo.
Esta brecha permite que los grupos criminales adquieran líneas sin registro, usándolas para abrir cuentas de mensajería instantánea como WhatsApp y contactar a sus víctimas.
Además, las redes de extorsión aprovechan la falta de regulación en la apertura de billeteras electrónicas, permitiéndoles cobrar extorsiones sin riesgo. Ante este riesgo, la población hondureña debe reportar de inmediato cualquier pérdida de documentos personales, ya que su DNI podría ser utilizado para abrir cuentas con fines ilícitos.
Un caso reciente investigado por Dipampco muestra cómo una mujer en el departamento de Copán, aparentando ser empleada doméstica, movilizaba grandes cantidades de dinero producto de extorsiones.
Mediante su pequeña tienda, solicitaba copias de identidades de sus clientes como garantía de crédito y luego usaba estos documentos para abrir billeteras electrónicas con las que gestionaba pagos de extorsión. A esta mujer, alias “La Chaparra”, se le decomisaron múltiples tarjetas SIM y billeteras electrónicas utilizadas para el ilícito.
La falta de control en la venta de tarjetas SIM y de verificación para la apertura de billeteras electrónicas facilita la tecnificación de las extorsiones en el país. Este vacío en la regulación sigue siendo una gran ventaja para los grupos criminales.
Dipampco también advierte que el desorden en el sector transporte fomenta la infiltración del crimen organizado en este ámbito económico. Investigaciones revelan que conductores, cobradores y despachadores vinculados al transporte están relacionados con redes de extorsión.
Las autoridades han recomendado desde el Plan Integral antiextorsión la certificación y depuración del sector transporte, pero esta medida aún no se ha implementado.
A pesar de los retos, Dipampco continúa reforzando los esfuerzos de inteligencia e investigación para contrarrestar la extorsión en Honduras, enfrentando obstáculos por la falta de medidas regulatorias en líneas telefónicas y billeteras electrónicas. Para reducir los índices de extorsión, se espera la colaboración integral de todos los sectores involucrados.
La regulación de la portabilidad numérica, el fortalecimiento de procesos de verificación de billeteras y la certificación del sector transporte son pasos esenciales para debilitar a las redes de extorsión en el país.
