ES un fenómeno problemático al que se enfrentan los ciudadanos comunes y organizaciones de sociedad civil todos los días hábiles del año. Alguien pide permiso en su trabajo con el fin de tramitar documentos ya sea en una oficina pública o privada. El día se consume en una larga espera haciendo filas en una ventanilla o en otra. Al final le dicen al usuario que se equivocó de ventanilla o en el mejor de los casos que regrese la próxima semana. El problema se agrava cuando la persona de que se trata vive a trescientos kilómetros de distancia o en el otro extremo del país. En caso que viva en La Mosquitia, Islas de la Bahía o en Ocotepeque, son dos o tres días de viaje, en autobuses destartalados, en lanchas o en aviones, según sea el caso, para poder llegar a la respectiva oficina metropolitana.
Detrás de la tramitología está el concepto funcional o disfuncional de “burocracia”, una palabra compuesta que significa más o menos el “poder de la oficina”. (O de los oficinistas). El término contiene en sí mismo un lado positivo y otro negativo, en tanto que se presume que las burocracias son un producto de la modernidad con el fin de volver racionales y eficientes los aparatos administrativos, internos y externos. Por eso hay excelentes salvedades. Pero, con el paso del tiempo los oficinistas, por cansancio, rutina o negligencia, perdieron sus prácticas robustas y convirtieron las administraciones en sistemas esclerotizados y anémicos en donde es dificilísimo realizar trámites de cualquier especie.
Los oficinistas solicitan a los usuarios (cuando llegan a atenderlos) que presenten una serie de constancias que deben encontrarse, teóricamente, en otras oficinas igualmente disfuncionales. Una burocracia eficiente debería poseer un banco centralizado de datos sobre las personas que trabajan en el sector público y en el sector privado, a fin de tramitar los documentos en una sola ventanilla, sin mayores contratiempos. O cuando menos debieran poseer un sistema centralizado de documentos sobre su propia institución. Es risible que a un empleado público le pidan todos los años una constancia sobre su número de empleado y el monto de su salario en el departamento en que trabaja dentro del mismo engranaje.
Por otro lado, en ciertas empresas públicas y privadas alguien solicita un préstamo hipotecario y cuando el solicitante ha firmado todos los documentos y se ha comprobado el respaldo prendario de la hipoteca, le duermen los papeles pasándolos de una oficina a otra; o simplemente trasladándolos a otra gaveta dentro del mismo escritorio. Es famosa en Honduras la historia de los documentos “dormidos” o engavetados, especialmente en las estructuras de “justicia”, porque se dan múltiples casos de presidiarios que han cumplido legalmente sus condenas, pero continúan encarcelados varios años después, volviendo inhumanas e insoportables sus precarias existencias. Todo por la negligencia burocrática.
No estamos hablando de nada nuevo. Este problema lleva décadas de lacerar las vidas de muchísimas personas desamparadas o indefensas. El corolario del fenómeno se percibe con más claridad en los hospitales públicos. Llegan personas de los más remotos lugares del país (incluso de los suburbios de la capital) y es harto difícil que alguien las atienda. Pero cuando en un remoto caso atienden y hospitalizan a los pacientes, no hay casi nadie que se ocupe de ellos en los pabellones. Ni tampoco los instrumentos que se requieren en los procedimientos quirúrgicos. El pobre campesino o poblador marginal, como no tiene ni un centavo para comprar medicamentos, retorna a su lugar de origen con una cita médica con extraña vigencia para después que la persona haya fallecido. ¡Así es nuestra Honduras!