La Asamblea General de la ONU (AGNU) vota esta semana próxima una resolución cubana contra las sanciones de EE. UU. a la isla, con la que La Habana volverá a obtener un respaldo casi unánime de la comunidad internacional pero con escasos efectos prácticos.
Se trata de la trigésima segunda ocasión en la que Cuba presenta esta resolución -que cada vez gana de una forma más contundente- contra el paquete de sanciones económicas más extenso y duradero aplicado en la historia de EE. UU., según el politólogo estadounidense William LeoGrande.
En la última ocasión, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que «no es legal ni ético» este tipo de acciones de «guerra económica» con repercusiones financieras y comerciales y carácter extraterritorial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba indicó a EFE que espera lograr este año un resultado «muy similar» al de 2023, en el que consiguió 187 votos favorables por sólo dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Ucrania).
La subdirectora general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Minrex, Ana Silvia Rodríguez Abascal, aseguró que son conscientes de la «voluntad» de EE. UU. de «desconocer» la votación de esta resolución, pero que hacen anualmente el esfuerzo político y comunicativo de acudir a la ONU por su simbolismo.
«Si bien la resolución no es vinculante, es la voz de la comunidad internacional», aseguró Rodríguez Abascal, que subrayó la importancia de que «el mundo sepa cómo piensan todos los estados miembros» y evidenciar el «aislamiento internacional» de Washington en esta cuestión.
Según el Minrex, el asunto de las sanciones a Cuba fue citado por 46 países durante el debate general de la AGNU y otros 23 representantes nacionales aludieron a la inclusión de La Habana en la lista estadounidense de naciones que patrocinan el terrorismo.
Esto, apunta Cancillería, sitúa la cuestión como uno de los 20 temas más abordados en el debate general y uno de los primeros entre los que no son ni actualidad -como Oriente Medio, Ucrania y Haití- ni globales -como el cambio climático, la reforma del consejo de seguridad de la ONU o la agenda 2030-.
Alta prioridad
Para el Gobierno cubano la cuestión es de «alta prioridad» por «el impacto que tiene el bloqueo en la situación que vive el país», dice Rodríguez Abascal en referencia a la grave crisis económica y energética en que está sumida la isla desde hace cuatro años.
Cuba sufre escasez de alimentos, medicinas y combustible; prolongados apagones diarios; inflación galopante; dolarización creciente; deterioro de servicios estatales como la educación y la sanidad; contracción económica; déficit públicos masivos; y la mayor oleada migratoria de su historia reciente.
En su informe anual sobre lo que se denomina en Cuba bloqueo (y en EE. UU., embargo), La Habana estima que el costo de las sanciones entre marzo de 2023 y febrero de 2024 ascendió a 5.056,8 millones de dólares (4.584 millones de euros), aunque no detalla cómo elabora sus cálculos.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha achacado a esta política estadounidense la profunda crisis y señaló recientemente a Washington como el «gran responsable» del apagón total que sufrió recientemente la isla.
Expertos y observadores internacionales coinciden en que la pandemia, el endurecimiento de las sanciones con el expresidente de EE. UU. Donald Trump y políticas nacionales fallidas han agravado problemas estructurales del sistema económico cubano, que nunca ha sido sustentable (situación a la que también contribuyen las sanciones). Pero no hay consenso sobre cuál es la causa principal.
Entre las medidas que aplicó la administración Trump destaca la inclusión de Cuba en la lista de países que promocionan el terrorismo, que obstaculiza enormemente la actividad financiera internacional de La Habana.
Washington decretó las primeras sanciones contra Cuba en 1959, al poco del triunfo de la revolución en la isla, pero el primer gran bloque de medidas llegó en 1962, bajo el presidente John F. Kennedy. Desde entonces se han ampliado e intensificado en varias ocasiones, como con la ley Helms-Burton (1996) o las 240 medidas de la administración Trump (2017-2021). EFE