El juez del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, le dictó un auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión, contra los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Rina Alvarado, Wilfredo Méndez y Reinaldo Hernández, por el delito de prevaricato judicial.
Los acusados deberán defenderse en libertad tras pagar una caución de 5 millones de lempiras cada uno en el caso de Alvarado y Méndez, y 10 millones en el de Hernández.
El Ministerio Público los acusa de emitir una resolución irregular que eximió a dos instituciones bancarias de pagar más de 159 millones de dólares, a pesar de que la Sala de lo Civil de la CSJ no tenía competencia para conocer el caso.
Esta resolución ha tenido un impacto significativo en el sector privado, afectando especialmente a la empresa Green Development Corporation (GDC), principal afectada por esta decisión.
GDC ha estado luchando en los tribunales durante más de 16 años, debido a una inversión en Roatán, Islas de la Bahía, se detalla en el expediente.
La empresa, conformada por un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros, tenía como objetivo desarrollar un ambicioso proyecto turístico que prometía transformar la economía local.
Sin embargo, el fallo judicial ha causado graves perjuicios a la compañía, que ha denunciado la ilegalidad de la resolución ante las autoridades.
Este caso no solo afecta a GDC, sino también a la imagen internacional de Honduras, al ahuyentar inversiones en un momento crítico para el país.
En tal sentido, la ciudadanía hondureña espera que prevalezca la justicia, conforme a un Estado de Derecho, y que este caso contribuya a restaurar la confianza en el sistema judicial hondureño.
La resolución del proceso será determinante para evaluar la seguridad jurídica del país y su capacidad para atraer inversiones extranjeras, vitales para el desarrollo económico de Honduras.
PRÓXIMA AUDIENCIA
La audiencia preliminar quedó señalada para el martes 12 de noviembre de 2024 a las 9:00 de la mañana.
La acusación contra los encausados se desprende a raíz de una serie de supuestas irregularidades que dieron inicio en febrero del 2016, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó que el expediente de la denuncia que contenía Recursos de Casación, fuera devuelto a la nueva Sala de lo Civil.
Según investigaciones se establece que el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández, supuestamente, influyó en el pleno para que los Recursos de Casación fueran conocidos y resueltos por la Sala que él integraba, demostrando un interés particular en el caso.
Consumado ese propósito, el 22 de marzo 2022, junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, supuestamente se materializó la acción de emitir una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias demandadas por una empresa de capital privado en una cuantía de 159,810.30 millones de dólares, vulnerando la imparcialidad y confianza en el sistema judicial.
Este proceder es considerado por la Fiscalía como antijurídico, ya que cuando un expediente llega al Pleno tras no haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede ser devuelto, dado que el pleno actúa como instancia definitiva.
Las medidas impuestas se encuentran estipuladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal que consisten en no salir del país, firmar periódicamente en la secretaria del juzgado, asimismo, cada uno de los imputados otorgó una fianza.
VAMOS A APELAR
A su salida, el exmagistrado Hernández aseguró que «vamos a apelar, seguimos, insistimos, resistimos de que esta situación es contraria a Derecho, no dejaremos de utilizar las instancias respectivas todo se probó, todo quedó de manera fehaciente, contundente de que nosotros no prevaricamos, por ser una sentencia apegada a Derecho, con una valoración de prueba individual y colectiva, no estamos conformes con la resolución».
Destacó además el trabajo realizado por su equipo de Defensa «el excelente trabajo que ha hecho, estamos aquí con una persona con alto valor intelectual, nos tiene con mucha satisfacción».