La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, manifestó que el Poder Judicial juzga los casos con el debido proceso y sin sesgo político.
“El Ministerio Público es quien tiene la acción penal, son ellos quienes deciden si los casos están debidamente documentados y que reúne los requisitos para que las personas o los grupos que han cometido delitos sean encausados en algún tipo de delito”, sostuvo la togada.
“Entre tanto no se tenga acceso a los expedientes, al debido proceso, yo no me puedo pronunciar sobre ello, porque los desconozco, pero el Poder Judicial trabaja en ese sentido, cada caso que es sometido a la justicia, debe de ser valorado por el juez competente y por el Tribunal competente y dictar un fallo, siempre en el debido proceso”.
“Nosotros sí tenemos un reto que es judicializar, ellos (refiriéndose al Ministerio Público), mandan todas las acciones, los requerimientos que ellos consideran que son oportunos y el deber nuestro es juzgarlos siempre con el debido proceso, con el juez competente, sin ningún sesgo político, raza, credo”.
Siguió que “nuestro juicio debe de ser vertido precisamente basado en la Constitución y las Leyes de la República”.
Acerca de la “Persecución Política” en contra de la oposición que manifiesta estar en esa condición por que buscan un cargo de elección popular la togada detalló “hay libertad de pensamiento si eso es lo que ellos piensan, yo no puedo venir acá a contravenir lo que ellos piensan, lo único que sé que este Poder Judicial se va dedicar precisamente a juzgar a aquellas personas que hayan cometido cualquier tipo de delito, eso a lo que le corresponde al Poder Judicial nada más”.
Sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, afirmó “la respuesta nosotros las damos a través de las sentencias y la sentencia la estamos trabajando en ella para que sea publicada eso es como lo decimos en derecho, es cosa juzgada”.
Las reacciones de la presidenta Ráquel Obando fueron tras su comparecencia en el cierre de la Fase II del proyecto “fortalecimiento del Estado de Derecho en América Latina y El Caribe (FEDACC), el cual es ejecutado por la agencia de cooperación Alemana GIZ y en referencia a los casos de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que retomó el Ministerio Público y que lo anunció el propio fiscal Johel Zelaya en cadena nacional esta semana. (XM)