Ni rastros reportan equipos de la Policía Nacional sobre los desaparecidos, cuestionaron autoridades de derechos humanos, incluyendo el caso de hace cuatro meses en la zona Ramal del Tigre, en la margen derecha del río Ulúa, la zona más baja del Valle de Sula, cercano al municipio de Tela, Atlántida.
El director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Godoy, informó que un equipo de buzos sigue buscando a los desaparecidos en un pleito de narcotraficantes.
Especialistas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) buscan en este sector a José Octavio Sosa Méndez, hermano de José Rafael Sosa, pedido en extradición por Estados Unidos, y sus once guardaespaldas, tras un reporte de secuestro en Baracoa, Cortés, el pasado 12 de junio.
La investigación se complicó, días después cuando un un grupo de 50 hombres vestidos de militares y con armas de grueso calibre, secuestraron a otras 14 personas en la aldea Crique Las Marías, en Tela, manteniendo la hipótesis de una “guerra de narcos” con cadáveres lanzados en el río Ulua, donde no han encontrado, un tan solo rastro, únicamente una camioneta roja perforada a balazos, vinculada a estas masacres.
Sin embargo, autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reaccionaron preocupadas ante la “indiferencia y deficiencia” que, según esta institución, ha manifestado la policía en la búsqueda de desaparecidos, que en total ya suman 75 personas entre el 2023 y junio del 2024, incluyendo los 26 de Tela y Baracoa.
MÚLTIPLES CAUSAS
“Múltiples causas rodean la desaparición de personas en Honduras” advirtió ayer el Conadeh. “La desaparición de personas se constituye en una violación múltiple y continuada de derechos humanos que lleva consigo la angustia y la incertidumbre que sufren los familiares por no saber el destino de su ser querido aunado, muchas veces, a la indiferencia de las autoridades para dar con el paradero de la víctima y que, generalmente, concluye con un manto de impunidad”.
De acuerdo con el Conadeh,13 departamentos del país fueron escenario de la desaparición de alrededor de 75 personas entre el 2023 y junio del 2024, que incluye entre las víctimas a niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas de la diversidad sexual.
“En el primer semestre del 2024, cerca de medio centenar de personas habrían desaparecido en el país por múltiples y variadas causas que tuvieron como escenario los departamentos de Olancho, Francisco Morazán, Cortés, Intibucá, Comayagua, Yoro, Valle, Ocotepeque, La Paz, Islas de la Bahía, El Paraíso, Atlántida y Colón”, agregó.
“La mayor parte de las quejas sobre la desaparición de personas fue presentada ya sea por la madre o el padre de la víctima, ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de Honduras”.
“El Conadeh atendió, en el 2023, alrededor de 2,180 quejas de violaciones a la integridad personal y la vida de las personas. Se estima que 28 quejas, que representan el 1.28%, están relacionadas con la desaparición de personas”.
TRATA, EXTORSIONES Y CONFLICTIVIDAD AGRARIA
El ente estatal de derechos humanos expresó su preocupación, ya que hay muchas personas, en el país, de las que no se conoce su paradero.
“El desaparecimiento de personas proviene de diferentes causas, una de ellas son los flujos migratorios principalmente de personas migrantes que se encuentran en tránsito y que se ven obligados a pasar por zonas peligrosas controladas por grupos delincuenciales y del crimen organizado”, señaló.
Según el Conadeh, la desaparición de personas también está relacionada con la trata, las extorsiones e incluso la conflictividad agraria propia de algunos departamentos del país, donde se generan problemas derivadas de la tenencia de la tierra.
Con la puesta en marcha del estado de excepción, el Conadeh recomendó a las autoridades hondureñas que los traslados que se puedan hacer de un centro de detención a otro, mientras no exista un registro adecuado, es propicio para que se puedan dar desapariciones de personas.
USO DE PROTOCOLOS
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, indicó que las primeras horas son vitales para dar con el paradero de una persona desaparecida, sin embargo, hay algunas deficiencias en el proceso de investigación.
“Hay casos donde tienen que transcurrir 72 horas para que la Policía active los procedimientos de búsqueda, lo cual es grave”, lamentó. Explicó que, en el caso de las niñas y los niños desaparecidos lo que se debe aplicar es la Alerta Amber, que le permitiría a la Policía activar de manera pronta el mecanismo de búsqueda.
Agregó que para la búsqueda de personas desaparecidas están los protocolos diferenciados con relación tanto por el tipo de población como del territorio. Sin embargo, en la Secretaría de Seguridad estarían utilizando un protocolo generalizado, lo cual dificulta la búsqueda y dar con el paradero de la persona desaparecida, concluyó Daniel Cáceres. (JGZ)