Como todos sabemos, por mayoría de votos, diez a favor y cinco en contra, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar los recursos de inconstitucionalidad que habían sido presentados en contra de la controversial Ley de Amnistía Política, mejor conocida como “Pacto de Impunidad”. Un Decreto (4-2022), llamado Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, que en el fondo llevaba a todas luces como objetivo primario beneficiar a un buen número de altos ex funcionarios que fungieron como tal en la administración depuesta por un golpe de Estado en 2009, y sobre los que pesaban serias acusaciones por la ejecución de actos ilícitos que no tienen nada que ver con persecución política o hechos similares.
Entre estos un ex ministro (2006-2009), acusado de 11 delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Siendo el más evidente el denominado caso del “Carretillazo”. Por los mismos delitos de malversación de caudales y abuso de autoridad por el caso de un proyecto inconcluso en una residencial sampedrana, se acusó a un ex alcalde de esa ciudad industrial.
Así mismo destacan un ex gerente de Hondutel, acusado por tres delitos en perjuicio de la administración pública, relacionados con enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude. Un ex comisionado de Conatel, señalado por expropiar un canal privado y dárselo al capricho del gobernante de turno, además, de otro delito de malversación de fondos. Se le impusieron por ello, dos sentencias condenatorias, que le prohíben ejercer cargos públicos, y sin embargo salió electo como diputado y hasta integra la junta directiva.
Un caso similar ocurre también con otro diputado del partido en el gobierno, que también es miembro de la directiva del Congreso Nacional, sentenciado por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública, cuando fungió como directivo del Inprema al revalorizar los beneficios sociales para docentes jubilados. Que la Corte declare inconstitucional las ZEDES por comprometer la soberanía territorial es una medida atinada pues hace prevalecer, ante todo, un interés nacional, pero declarar constitucional el Decreto de amnistía, es una grave estocada a la ya precaria institucionalidad jurídica, que termina por sepultar la demagógica promesa de traer la CICIH.
J.J. Pérez López.
Barrio El Manchen.
Tegucigalpa, M.D.C.