El Estado de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República, declaró este miércoles de utilidad pública 35 propiedades «que se encuentran en estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses».
Las 35 propiedades están ubicadas en Managua, capital de Nicaragua, y fueron declaradas de utilidad pública bajo la Ley de Expropiación, dijo la procuradora General de la República, Wendy Morales Urbina, a través del Diario Oficial, La Gaceta.
«Para fortalecer la seguridad ciudadana y nacional, se declara de utilidad pública 35 propiedades ubicadas en el municipio y departamento de Managua», dice la resolución de la Procuraduría, que detalla las fincas y áreas afectadas.
En sus considerandos, la Procuraduría alegó «que es obligación del Estado fortalecer la seguridad nacional en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad ciudadana y en cumplimiento a la misma, se requiere declarar de utilidad pública 35 propiedades que se encuentran en estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses».
Además, que para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el mejoramiento de la misma, así como el aseguramiento del bien común de todos los nicaragüenses, «es prioridad para el Estado implementar estrategias para combatir de manera preventiva la delincuencia, narcoactividad y terrorismo».
Hasta el momento se desconoce si las propiedades pertenecen a algunos de los opositores desterrados de Nicaragua.
Las autoridades de Nicaragua han ordenado privar de su nacionalidad y de sus bienes a un total de 452 nicaragüenses en los últimos dos años, muchos abiertos críticos con el Gobierno sandinista que los acusa, entre otros delitos, de traición a la patria.
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia, calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua hasta mayo pasado.
Esa investigación señala que las «ilegales confiscaciones de bienes» constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como ‘piñata’.
La denominada ‘piñata’ es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, y también entre febrero y abril de 1990, en el período de transición presidencial cuando Ortega entregó el poder a la entonces mandataria Violeta Barrios de Chamorro.
Según la investigación de OPTA, en este nuevo período de Gobierno sandinista, que va de 2007 a la fecha, y que denominaron «La nueva piñata Ortega Murillo», se han confiscado bienes y propiedades a oenegés, empresarios y cámaras empresariales, universidades, iglesia católica o medios de comunicación, entre otros.EFE