La participación comunitaria, surge cuando un grupo de personas miembros de una misma comunidad, comparten una necesidad, problema o interés y deciden buscarle una solución en armonía sin afectar los intereses del resto de la población.
Hoy la participación comunitaria es clave e indispensable en la protección y conservación del bosque, el agua y el uso adecuado de las tierras en las comunidades rurales.
La participación comunitaria en la protección del bosque trae consigo una mayor producción de agua, que es esencial para el hogar, los medios de vida y el abastecimiento del vital líquido para las ciudades. Cada árbol que plantamos y protegemos restaura los suelos degradados, retiene humedad y hace más productivas nuestras zonas productoras de agua.
De allí de la necesidad de formar en las comunidades lideres locales con capacidad de lograr empatía y membresía legal en la protección de los recursos naturales. Estos líderes comunitarios y ambientales se encargan de promover y ejecutar junto a toda la comunidad los planes estratégicos para la reforestación y regeneración de los bosques nacionales.
Trabajo en equipo
Este esfuerzo comunitario para la protección de los recursos naturales debe de ser un trabajo en equipo y coordinado de las instituciones publicas y privadas y desde la comunidad, fortaleciendo la educación ambiental, su logística y el derecho legal de la tierra.
Al respecto le consultamos al gerente del Centro de Gestión Agroforestal de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural – FUNDER, David Erazo, quién reveló las acciones que el centro ha venido realizando y sobre todo el papel fundamental de la participación comunitaria en las zonas rurales, específicamente en el departamento de Olancho y El Paraíso.
Erazo define como la participación comunitaria “es lo que se logra a través del consenso y del liderazgo de ciertas personas de una comunidad y estas participen en una actividad que viene en beneficio del lugar. En este caso estamos hablando de una participación comunitaria hacia la protección en las zonas productoras de agua, hacia la gobernanza hídrica para el bien común y respetuoso de la biodiversidad”.
Políticas públicas y el sistema jurídico
Para fomentar la participación comunitaria en las zonas rurales, es crucial contar con políticas públicas sólidas y un sistema jurídico cercano a las comunidades, que respalde la participación comunitaria y que facilite la colaboración entre las instituciones públicas y las comunidades, es fundamental para impulsar la acción.
Las instituciones públicas, como el Instituto de Conservación Forestal – ICF, tienen la experiencia y los recursos para reforestar, regenerar y brindar apoyo técnico a las comunidades pero necesitan el concurso de organizaciones no gubernamentales como FUNDER para fortalecer la asociatividad, la educación ambiental y financiera, colaborando con las mancomunidades y las autoridades municipales. Es importante que las instituciones públicas y privadas trabajen juntas para crear sinergia y una relación de acompañamiento en las comunidades.
¿Por qué es importante la educación ambiental?
Erazo agrega que “la educación ambiental es un elemento clave para la protección de los recursos naturales, debemos empezar por la formación de los niños y jóvenes para que sean desde su corta edad los principales promotores de iniciativas orientadas a proteger el bosque. También hemos comprobado que entre más mujeres participan en iniciativas ambientales, tenemos mayor participación de la juventud y mayor compromiso a largo plazo. Es fundamental que las comunidades comprendan la importancia del bosque y su relación con el agua. La gestión del conocimiento es crucial para optimizar las prácticas de conservación y reforestación”.
La comunidad debe empoderarse y tomar la responsabilidad de proteger sus recursos naturales, hacer del conocimiento a sus autoridades locales que se debe invertir en las declaratorias de micro cuencas, en la legalidad de las tierras dentro y fuera del sector productor de agua. Un líder comunitario o un defensor ambiental en nuestro país corre mucho peligro por su vida, debido a intereses mezquinos de personas detractoras del medio ambiente, pero si cuenta con el apoyo irrestricto de la comunidad, sus autoridades locales y un sistema judicial robusto, entonces tendremos más tierra reforestada que deforestada.
Pagos de Servicios Ambientales
Los pagos por servicios ambientales prácticamente no existen en nuestro país, pero en otros países representan un incentivo para que las comunidades cuenten con recursos en la protección de los recursos naturales. Reconocer y recompensar el trabajo que las comunidades realizan por la conservación del agua es fundamental para garantizar la sostenibilidad del ecosistema. Nuestro gobierno podria destinar un fondo para pagar mano de obra, logisitica e insumos a aquellas comunidades que se preocupan por proteger los grandes reservorios de agua que abastecen a las ciudades. Los fondos locales no son suficientes, debemos redestinar parte de los impuestos a los combustibles para recuperar y conservar nuestros bosques como lo hizo Costa rica. A estas acciones se ha sumado la cooperación internacional y estamos seguros que con el apoyo del sector privado y el Gobierno los resultados serían satisfactorios y muy evidentes.
La participación comunitaria es el eje central para la sostenibilidad de los recursos naturales. Es el motor que impulsa la acción y la responsabilidad de las comunidades en la protección del medio ambiente. Sin la participación activa de las comunidades, es imposible lograr un futuro sostenible.
Finalmente, Erazo, concluye que “la participación comunitaria es esencial para la protección del medio ambiente y si logramos sumar instituciones públicas y privadas comprometidas en el mismo objetivo, entonces tendremos un país rico en recursos naturales que bien administrados podrían generar trabajos permanentes y medios de vida sostenibles. Nos vendría muy bien como país adherirnos al acuerdo de Escazú, el cual es un acuerdo para la defensa ambiental internacional, un instrumento jurídico de peso que puede fortalecer las acciones del Estado por la protección del medio ambiente”.