La Corte Suprema de Justicia (CSJ) retomará mañana la discusión para determinar la legalidad de la amnistía política que aprobó el actual Congreso al inicio del período en 2022 a favor de los exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Lo anterior fue confirmado por el magistrado Mario Díaz, en declaraciones a medios durante el feriado Morazánico.
Esta normativa fue impugnada ante el máximo tribunal por diversos sectores opositores al gobierno, alegando que la misma no abarcaba a exfuncionarios zelayistas acusados por corrupción y que bajo la actual Corte fueron absueltos.
Entre estos exfuncionarios como el actual asesor de Casa de Gobierno, Enrique Flores Lanza; el exgerente de Hondutel y ahora empresario de medios, Marcelo Chimirri y una solicitud en curso del exalcalde de San Pedro Sula, Roberto Padilla Sunceri.
En la perspectiva de los impugnantes, la amnistía solo aplicaba a delitos políticos derivados de la crisis después que Zelaya fue derrocado por intentar reelegirse en 2009.
DEBATE RETRASADO
Inicialmente, el debate estaba programado para el 20 de septiembre, pero se pospuso debido a que algunos magistrados no estaban listos para abordar el tema.
Díaz aclaró que la discusión se limitará a las consideraciones generales sobre la aplicación del decreto de amnistía, y que no se resolverán solicitudes específicas, como la del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.
También mencionó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no participarán en la reunión, ya que previamente emitieron su postura sin llegar a una resolución unánime.
La última sesión del pleno de magistrados fue para declarar inconstitucional las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
La anulación de esta amnistía es también una exigencia de la ONU como condición para instalar la Comisión Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. (EG)